Retiran estructuras de vallas contra Corte Constitucional de Ecuador colocadas sin permiso

Guayaquil (Ecuador), 13 ago (EFE).- La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de la Alcaldía de Quito, capital de Ecuador, retiró de las calles seis estructuras metálicas de las vallas publicitarias con las caras de los jueces de la Corte Constitucional que se instalaron sin permiso el martes, previo a la marcha que encabezó el presidente Daniel Noboa contra el alto tribunal.

Estas estructuras, que ya no tenían puestas las lonas con los rostros de los magistrados, fueron retiradas de la avenida 6 de Diciembre por parte de funcionarios de la AMC, quienes señalaron que las mismas «comprometían la integridad física de los ciudadanos y de los participantes de la movilización».

La AMC señaló este miércoles en un comunicado que las estructuras fueron trasladadas hacia las bodegas de la agencia, donde «permanecerán bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente».

«La entidad elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a la etapa de instrucción. Este proceso puede durar hasta seis meses, según lo establecido en el procedimiento administrativo», detalló el departamento municipal, que añadió que la normativa de la ciudad prohíbe «la instalación de elementos fijos o mobiliario como quioscos, contenedores, señaléticas o cualquier tipo de estructura sin la autorización correspondiente».

Una vez que se identifiquen a los responsables de la colocación de estas estructuras, podrían ser sancionados con multas de 940 dólares por cada una de las seis.

La capital de Ecuador amaneció el martes con varias vallas publicitarias en las que se mostraba la cara y los nombres de los nueve jueces constitucionales y en las que se los acusaba de «robar la paz» a los ciudadanos. El Gobierno negó que las haya auspiciado.

La instalación de esas estructuras se realizó en el marco de la manifestación que Noboa convocó en contra del alto tribunal, que la semana pasada suspendió el efecto de algunos artículos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controlado por el oficialismo.

Entre esos artículos figuran el que le confieren al mandatario prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, entre otros, rechazaron el martes los «ataques» y «hostigamientos» que recibió la Corte Constitucional y llamaron al Gobierno a respetar la independencia judicial. EFE

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