
Retiran la seguridad a la suspendida fiscal general de Perú que afirma temer por su vida
Lima, 20 sep (EFE).- La Policía Nacional de Perú retiró este sábado la seguridad a la fiscal general Delia Espinoza, que fue suspendida temporalmente de su cargo el viernes por el máximo órgano de control de la Judicatura, la Junta Nacional de Justicia, y que poco antes pidió que se resguarde este servicio porque teme por su vida.
El abogado de Espinoza, Luciano López, confirmó a la emisora RPP que la Dirección de Seguridad del Estado canceló la protección que le brindaba el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado.
Espinoza fue suspendida por negarse a ceder su cargo a su predecesora, Patricia Benavides.
López sostuvo que el retiro de seguridad de la fiscal es «muy grave y abiertamente irregular».
«Ella todavía tiene el cargo de fiscal suprema y, claro, no puede desarrollar las funciones de fiscal de la nación, pero es una suspensión en las funciones. El cargo todavía lo ostenta», dijo el abogado.
Horas antes de que la Junta Nacional de Justicia comunicara la suspensión temporal de Espinoza, por presuntamente haber cometido faltas graves y muy graves, ella misma pidió al ministro del Interior, Carlos Malaver, mantener el servicio de seguridad.
«Si se concreta la suspensión de mi persona, voy a quedar totalmente desguarnecida en caso también se retire inmediatamente al personal de mi seguridad para que cuide mi integridad y mi propia vida», señaló Espinoza.
Afirmó que sabe que es «incómoda», que no es «conveniente para el poder político» y que como parte de sus funciones ha tenido a su cargo investigaciones sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad.
«Temo por mi vida, soy un ser humano, pero eso me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción porque es el juramento que hice», agregó Espinoza.
La suspensión de Espinoza fue promovida por la Junta en castigo por negarse a ceder su cargo a su predecesora, una vez que el mismo órgano anuló la suspensión que pesaba sobre ella por 24 meses frente a los procesos por corrupción y tráfico de influencias que enfrenta.
El 15 de septiembre, la Junta abrió un procedimiento disciplinario ordinario contra Espinoza por presuntamente haber cometido faltas graves y muy graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a su antecesora. EFE
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