Se necesitan más de 31 millones de dólares para ejecutar sentencias a exFARC y exmilitares

Bogotá, 24 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó «con urgencia» al Gobierno colombiano y al Congreso más de 31,3 millones de dólares para poder implementar las primeras sentencias contra los antiguos mandos de las FARC y 12 exmilitares colombianos.

Así lo informó este miércoles el alto tribunal al publicar una carta enviada al presidente colombiano, Gustavo Petro; al Congreso, y a otras instancias, a las que solicitó «con urgencia 121.858 millones de pesos (unos 31,3 millones de dólares) para implementar las primeras sentencias restaurativas».

La JEP emitió el pasado 16 de septiembre su primera sentencia y condenó a siete exintegrantes de las FARC a penas alternativas de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos» como «máximos responsables de la política criminal de secuestro».

Estas primeras sentencias forman parte del macrocaso 01, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016.

En este trabajo ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.

Dos días después, la JEP condenó a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado.

Se trató de la primera sanción de este tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, contra exmilitares que reconocieron su responsabilidad en los llamados «falsos positivos».

La sentencia no conlleva penas de cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas, y corresponde al macrocaso 003.

En la carta divulgada hoy, la JEP reconoció que el Ministerio de Hacienda destinó 20.000 millones de pesos (5,1 millones de dólares), pero aclaró que «este monto es insuficiente para poner en marcha los proyectos de reparación y restauración a favor de las víctimas».

Sin los recursos que pide la JEP no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras.

Igualmente, la JEP advierte en su misiva que el cumplimiento de las sentencias restaurativas «depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno».

Además, expresan su preocupación porque el Ministerio de Justicia aún no ha tramitado un decreto clave sobre las condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones.

Tampoco se ha cumplido la circular del Ministerio de Hacienda que ordenaba priorizar los gastos de la JEP en el Presupuesto General de la Nación 2026.

«Reiteramos que seguiremos en diálogo constante y en colaboración armónica con el Estado para que las sanciones propias no se queden en el papel y se conviertan en acciones concretas que contribuyan a reparar a las víctimas», concluye la JEP en su carta. EFE

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