Segundo intento del Gobierno conservador de Portugal para restringir la inmigración

Lisboa, 30 sep (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este martes una nueva versión de la reforma de la Ley de Extranjeros, que incluye propuestas del Gobierno de centroderecha y del partido ultraderechista Chega, que busca limitar la inmigración con restricciones a la reagrupación familiar y para los nacionales de países de lengua portuguesa, entre otros, aunque incluye excepciones.

El texto salió adelante en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) con los votos a favor de todos los grupos de derecha en la cámara: los dos socios del Gobierno -el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y democristiano CDS-PP-, el ultradrechista Chega, Iniciativa Liberal y el regionalista JPP.

Se opuso toda la izquierda en bloque con la tercera fuerza en el Parlamento, el Partido Socialista (PS), a la cabeza.

La nueva versión del borrador aprobada hoy incluye todas las propuestas del Gobierno, tres de Chega y una del PS referida a los acuerdos migratorios bilaterales con otros países.

Chega, que o bien votó a favor o se abstuvo sobre las iniciativas del Ejecutivo, había impuesto como condición la inclusión de un artículo que estableciera la cotización por cinco años en la Seguridad Social de los migrantes para tener acceso a subsidios, aunque finalmente la retiró para aceptar una fórmula un poco más genérica sobre este punto.

Tras recibir el visto bueno de la cámara, el texto irá ahora al despacho del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que es quien tiene la prerrogativa de sancionarlo como ley, aunque este verano decidió enviar el borrador original, que había sido aprobado por el Parlamento en julio, al Tribunal Constitucional por las dudas que le suscitaban y que fue rechazado por esta corte.

La nueva versión mantiene el plazo de dos años de residencia válida en el país para que los inmigrantes puedan solicitar la reagrupación con sus familiares en el extranjero, además de las limitaciones para conceder visados de trabajo y los nuevos requisitos para que los nacionales de países de lengua portuguesa, como Brasil, obtengan la residencia.

Lo que sí que cambian son las excepciones en la reagrupación familiar, que es uno de los puntos que pedía el Constitucional.

En la propuesta inicial se contemplaba la exención del plazo de dos años para los migrantes con hijos menores de edad o con parientes altamente cualificados; ahora se incorpora esa posibilidad para quien tenga familiares discapacitados o dependientes.

Otra modificación es que, en el caso de las parejas con un hijo en común, también se pueda pedir la reagrupación inmediata con el cónyuge que está fuera de Portugal.

Para las parejas sin hijos, hay una vía intermedia, que es la reducción del plazo a un año, siempre que se trate de un matrimonio o de una unión efectiva de acuerdo con la ley lusa, lo que excluiría casamientos de menores de edad, polígamos o forzados.

Pese a estas excepciones, en todos los casos de reagrupación familiar es necesario que el solicitante con autorización de residencia en Portugal cumpla con una serie de medidas de integración.

Aquí el Gobierno también ha introducido cambios, ya que el Constitucional había señalado que se trataba de medidas «vagas». Ahora el texto incluye que esos requisitos son «formación en lengua portuguesa, así como en la cultura y los valores constitucionales portugueses».

Si esas condiciones no se cumplen, pueden conllevar la no renovación de la autorización de residencia del inmigrante que pide la reagrupación.

Siguiendo las sugerencias del Constitucional, el Ejecutivo ha incluido en la reagrupación familiar otras «válvulas de escape», como el caso de razones humanitarias o que se demuestren lazos familiares efectivos y vinculación con Portugal, aunque la decisión final dependerá de los jueces.

Sobre las limitaciones a los migrantes de países de habla portuguesa, el proyecto sigue poniendo fin al régimen favorable que ha existido hasta ahora para estas personas, que ya no podrán viajar a Portugal con un visado de turista y luego pedir aquí el de trabajo.

El Gobierno del primer ministro portugués, Luis Montenegro, busca que los migrantes originarios de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa tengan que solicitar primero un permiso de residencia en su lugar de origen y avisa de que solo se concederá visados de trabajo para «situaciones de trabajo altamente cualificado». EFE

ssa/fpa