Los ‘niños’ esclavos tienen la palabra

El pasado 31 de marzo se lanzó en Berna la campaña para recoger firmas a favor de la iniciativa popular que pide un fondo de 500 millones de francos para indemnizar a las víctimas. Keystone

Hasta 1981, 100.000 niños fueron separados de sus padres y asignados a familias campesinas o internados en instituciones. Cada vez más víctimas vencen la vergüenza para exigir reconocimiento y reparación. Retrato de cuatro infancias robadas.

Son las 9 horas de una mañana fresquita en este verano que no lo parece. Clément Wieilly nos espera con las solapas subidas delante de su domicilio y se sube al coche. Destino: el cantón del Valais: “Tengo que reunirme con cuatro personas”. Este gran mocetón de aspecto deportista y 1,90 metros de estatura es el fundador de la asociación Agir pour la dignitéEnlace externo (Actuar por la dignidad) y miembro de la Table rondeEnlace externo (Mesa redonda), que el Estado suizo creó en 2013 para asistir a las víctimas de asignaciones forzadas y de medidas coercitivas con fines asistenciales. Clément Wieilly es también uno de los promotores de la iniciativa popularEnlace externo que pide la creación de un fondo de reparación de 500 millones de francos.

Tenemos una hora y media de viaje por delante, tiempo suficiente para que nuestro pasajero nos narre su infancia robada. Un relato interrumpido por múltiples llamadas telefónicas.

“Soy un luchador”

La vida de Clément Wieilly dio un giro en la primavera de 2013, cuando la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, invitó a las antiguas víctimas a una ceremonia para presentarles las excusas oficiales de las autoridades. “Fue curioso lo que pasó, una de esas casualidades de la vida. Fui a Berna y decidí actuar”.

Los medios de comunicación se interesan por su historia, su nombre comienza a ser conocido. “La mediatización de mi caso atrajo la atención de otras víctimas y, hoy, son cerca de 500 las personas que me han contactado. En diez meses, he recorrido 6.000 km para recoger su testimonio y ayudarles a encontrar pistas sobre su historia en los archivos”.

Se trata también de ayudar a las entre 10.000 y 20.000 antiguas víctimas aún vivas. En agosto pasado, la Mesa redonda creó un fondo de emergencia, a la espera de que el Parlamento se pronuncie sobre la creación de un verdadero fondo de reparación.

La idea de fundar la asociación surgió como algo natural. Representa a las víctimas ante las autoridades y está presidida por la diputada socialista Ursula Schneider. Clément Wieilly se ha volcado en cuerpo y alma en esta misión: «Con el paso de los años consigo controlar mis emociones. Intento tomar distancia de mi experiencia, porque quiero consagrar toda mi energía a ayudar a estas personas”.

Encuentro con Rose-France…

Comienza a lloviznar, pero ya hemos llegado a Sierre (Valais). Son las 11 horas. Rose-France lleva unos tejanos y una camiseta. Nos recibe en su domicilio decorado con budas donde vive con su segundo esposo. Nadie diría que esta mujer jovial tiene 71 primaveras. Sobre la mesa reposan tebeos de sus nietos. Le tiembla la voz mientras relata su historia de abandono, golpes, enuresis, pan duro, miedo a la oscuridad. Lo peor “es la falta de cariño y que uno se siente culpable cuando, en realidad, es víctima”.

Clément Wieilly la invita a la próxima asamblea de la asociación. Le entrega los folios para recolectar firmas a favor de la iniciativa popular. También le habla de un fondo de ayuda inmediata de entre 4.000 y 12.000 francos cuya distribución la Mesa redonda ha encomendado a Cadena de la SolidaridadEnlace externo (fundación humanitaria del ente público suizo SRG SSR). “Yo no he pedido nada, porque no reúno los requisitos”, dice Rose-France. “De todos modos, no va a subsanar todo lo padecido”. Pero de recibir algo, se iría a vivir “al sol”. O se compraría un coche de segunda mano para su hija que sufre una minusvalía.

…Rose-Marie y Gilbert

Dejamos a Rose-France almorzar con su marido. A las 14 horas, Rose-Marie llega a la estación de Sion. Tiene 78 años y camina con muletas. “Me agredieron hace dos años, me arrancaron el bolso. Resultado: una cadera y varios dientes rotos. Como tengo un problema cardiaco, nadie quiere operarme. Todas son desgracias”. Entramos en una cafetería para escuchar su experiencia, que relata con todo lujo de detalles, entre lágrimas y risas.

“Me alivia contarlo”, concluye Rose-Marie con una sonrisa. Tiene el brillo en los ojos y la mirada de una luchadora. “Mi único deseo es denunciar lo que me ocurrió. En un país rico como Suiza, jamás encontré una pizca de humanidad”. Rose-Marie solo percibe una modesta pensión y está determinada a conseguir una indemnización, comenzando por la ayuda inmediata. Clément Wieilly va a ayudarla a preparar su solicitud y a iniciar los trámites.

“Me pregunto por qué sigo vivo”

Medidas coercitivas

Niños asignados o internados a la fuerza: menores nacidos en familias humildes, huérfanos o hijos nacidos fuera del matrimonio fueron internados en instituciones o asignados a familias, generalmente, campesinas.

Internamientos administrativos:

Las autoridades podían ordenar, sin juicio previo ni derecho de recurso, el internamiento de menores o adultos en establecimientos cerrados durante un periodo indeterminado con el fin de (re)educarlos para el trabajo.

Violación del derecho a la procreación y adopciones forzosas: Hasta los años 1970 se practicaron esterilizaciones y abortos forzosos. También se dio en adopción a niños contra la voluntad de sus madres.

Son las 17 horas cuando nos dirigimos al hospital de Sion donde Gilbert, de 82 años, pasa estancias prolongadas desde hace cuatro meses. Una enfermera contactó a Clément Wieilly. El relato de Gilbert es más sucinto que los precedentes, pero los términos que utiliza se repiten: divorcio, tutela, trabajo, latigazos, infierno… Hace largas pausas y esconde el rostro en la almohada. Pero también demuestra tener sentido del humor.

“Es hora de que comiencen a moverse las cosas. En la época jamás vinieron a ver cómo estábamos, pasaban olímpicamente de nosotros. Lo que más me afectó fue el comportamiento de la gente. Me pregunto por qué sigo vivo, he sido maltratado toda mi vida”.

Gilbert trabajó para los Ferrocarriles Suizos. Es viudo, padre de tres hijos y abuelo. Vive en un campamento y no quiere ninguna ayuda económica. “Tengo una caravana y dos gatos,  no necesito nada más”. Sus nietos le pidieron que les contara su historia, pero tampoco les interesa demasiado. “Entiendo a la gente que prefiere no hablar por vergüenza, porque esto es… muy duro. Está bien recibir un poco de reconocimiento, pero si quieren darme dinero, se lo entregaré al Ejército de Salvación. Jamás he solicitado ayuda, es una cuestión de carácter, y a mis hijos siempre les he enseñado rectitud”.

Salimos del hospital. El sol brilla en un cielo despejado. Y sin embargo, unos días antes de publicar este reportaje, llega la triste noticia: Gilbert ha fallecido tras una larga enfermedad. Clément Wieilly está abatido e indignado: “Gilbert no ha tenido tiempo de remitir la solicitud de ayuda a las autoridades. Las cosas van demasiado lentas para las víctimas, porque son personas mayores, muchas demasiado pobres y su estado de salud es precario. ¡La gente tiene que entender que esta es una carrera contrarreloj!”

Un largo camino

1981: Tras ratificar (en 1974) el Convenio Europeo de Derechos HumanosEnlace externo (CEDH), Suiza renuncia a las prácticas que autorizan el internamiento (en una institución o centro penitenciario), la violación del derecho a la procreación (castración y abortos forzados), así como la adopción o la asignación a una familia de acogida.

Abril 2013: Suiza presenta sus excusas a las víctimas.

Junio 2013: Se crea una Mesa redonda con las partes implicadas, entre ellas las iglesias y la Unión Suiza de Agricultores.

Marzo 2014: Lanzamiento de la iniciativa popular ‘para la reparación’, que pide la creación de un fondo por valor de 500 millones de francos.

Julio 2014: La Mesa redonda presenta su informe y un catálogo de medidas: entre ellas, la concesión de una prestación única de 4.000 a 12.000 francos provenientes del fondo de ayuda inmediata de 7 millones que cofinanzan los cantones, las ciudades y los municipios. Las indemnizaciones han comenzado entregarse a través de la Cadena de la Solidaridad (fundación humanitaria del ente público SRG SSR). Se estima que de aquí a junio de 2015 se recibirán 1.000 solicitudes.

Agosto 2014: Entra en vigor la ley federal sobre la rehabilitación de las personas asignadas o internadas por decisión administrativaEnlace externo. Reconoce las injusticias cometidas, crea el proyecto de investigación SynergiaEnlace externo y garantiza el derecho a consultar los archivos.

Indemnización: La Mesa redonda podría encomendar al Parlamento el mandato de pronunciarse acerca de una ley que prevé abonar una suma fija a la pensión de jubilación y que pretende tener en cuenta la situación particular de cada víctima. Esta base legal podría entrar en vigor en 2017.

Traducción del francés: Belén Couceiro