Trece ONG crean la «Flota de la Justicia» para dejar de operar con los guardacostas libios
Bruselas, 5 nov (EFE).- Un grupo de trece ONG dedicadas a la búsqueda y rescate de migrantes en el mar, incluida la española Salvamento Marítimo Humanitario, han creado la «Flota de la Justicia» para suspender la comunicación con los guardacostas libios y tratar de evitar las deportaciones a ese país, donde no se respetan los derechos de los migrantes, anunciaron representantes de esa alianza este miércoles.
La iniciativa, apoyada por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos y la organización Refugiados en Libia, pretende aunar estrategias jurídicas, políticas y públicas para defender los derechos humanos y el derecho marítimo internacional, explicaron en rueda de prensa.
En ella participan también las organizaciones (alemanas, italianas y francesas) Alliance Members CompassCollective, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Mission Lifeline, Pilotes Volontaires, RESQSHIP, r42-Sail And Rescue , Sea-Eye, SEA PUNKS, Sea-Watch, SOS Humanity y Tutti gli Occhi sul Mediterraneo.
«Es una alianza de 13 ONG (…) para luchar juntos y resistir los ataques políticos. Queremos combatir unidos los crímenes de los Estados, reforzar las redes de solidaridad con la gente atrapada en Libia, resistir los ataques políticos y defender los derechos humanos», además de «crear presión pública y legal para que haya un cambio político», dijo Giulia Messmer, de Sea-Watch en rueda de prensa.
En el marco de esos esfuerzos, la Flota de la Justicia anunció que tiene previsto cesar la comunicación operativa con el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Trípoli (JRCC), que coordina la Guardia Costera Libia, al entender que no es una autoridad competente dado que «incumple las normas internacionales: no está disponible las 24 horas, carece de capacidad lingüística y no cuenta con la infraestructura técnica adecuada para coordinar las operaciones de rescate».
Las ONG admiten que interrumpir esa comunicación operativa «podría acarrear multas, detenciones o incluso la confiscación de los recursos de rescate de las ONG aliadas por parte del Estado italiano».
«Con esta medida, las organizaciones de rescate rechazan de forma unánime la creciente presión de la UE y su Estado miembro, Italia, para comunicarse con la Guardia Costera Libia», que ha cometido más de 60 actos de «extrema violencia en los últimos diez años», dijo Messmer, para quien tanto Italia como la UE «son cómplices» de crímenes contra la humanidad al formar y transferir equipamiento a las milicias libias.
La misma activista lamentó que además, otros países europeos costeros como Malta estén «incumpliendo totalmente» sus obligaciones internacionales de rescate.
Este miércoles, los representantes de las ONG insistieron en que Libia no es un lugar seguro para los refugiados, como «durante años» se ha podido documentar por «la violencia sistemática ejercida por la autodenominada Guardia Costera Libia, una red descentralizada de milicias armadas equipadas y entrenadas con fondos de la UE, especialmente de Italia».
«Los refugiados son interceptados violentamente en el mar, secuestrados y llevados a campos donde la tortura, la violación y el trabajo forzado son prácticas sistemáticas. Los tribunales europeos, así como las instituciones de la ONU, han reconocido desde hace tiempo esta violencia organizada que, según expertos legales, constituye crímenes de lesa humanidad», señalaron las ONG en un comunicado. EFE
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