Tribunal asevera que elecciones en Ecuador están garantizadas pese a pugna interna

Quito, 13 ago (EFE).- Ivonne Coloma, que el lunes fue designada presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador por tres de los cinco jueces del organismo que removieron a Fernando Muñoz de la titularidad, aseveró este martes que el próximo proceso electoral está «totalmente garantizado».

Coloma insistió este martes en que es la presidenta del TCE pese a que Muñoz lo niega y presentó una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de funciones.

«No es una simple remoción, es un cambio de gestión», dijo Coloma a la prensa al anotar que la sesión del lunes «no fue clandestina», estuvo abierta a todos los medios de comunicación y que «fue debidamente notificada a los jueces».

Coloma señaló que Muñoz puede ejercer las acciones que crea que le correspondan, pero eso es «muy diferente (a) que sean aceptadas o no, eso ya dependerá de los órganos competentes», dijo.

Ivonne Coloma puntualizó que Muñoz sigue siendo juez electoral, que «seguirá conociendo las causas que fueron asignadas por sorteo» y aclaró que la remoción se aplicó «única y exclusivamente en tema administrativo».

Acción «nula» e «ilegal»

De su lado, Muñoz insistió este martes en sigue siendo presidente del TCE y calificó de «nula» e «ilegal» la remoción propiciada por los tres jueces.

Aseveró que no tenía previsto presidir el pleno del TCE de este martes, porque él no lo convocó: «Es un acto ilegal, se sigue consolidando una usurpación de funciones», dijo al calificar de «incierta» la situación en el Tribunal.

No obstante, mostró su esperanza de que «las causas (ingresadas en el TCE) no tengan ningún tropiezo, que todo siga adelante en la administración jurisdiccional».

Entre otros casos, el TCE tiene en análisis una causa contra la vicepresidenta del país, Verónica Abad, por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá ejercer cargos públicos, por lo que tampoco podría asumir temporalmente la Presidencia cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, solicite licencia para hacer campaña con miras a los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.

Además, ante el TCE Abad ha denunciado, por supuesta violencia política de género, a Noboa, quien la envió a Israel como embajadora, con lo que se evidenció el distanciamiento que mantenían desde inicios de la campaña para el balotaje.

La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave, según el Código de la Democracia, y puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

«Todos los procesos jurisdiccionales continuarán con sus tiempos previstos en la ley. La responsabilidad de los jueces tiene que dejarse ver y superar este problema, de manera que ningún caso va a ser postergado», dijo Muñoz este martes sin mencionar fechas exactas.

Para Muñoz, la «quiebra» ocurrida en el TCE «generará alertas internacionales sobre la idoneidad» del TCE en las elecciones, previstas para el 9 de febrero, cuando se designará al gobernante hasta 2029 y se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento). EFE

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