Tribunal detiene estudios de pesca de arrastre por riesgo ambiental en Costa Rica
San José, 15 nov (EFE).- Un tribunal de Costa Rica ordenó la suspensión de un estudio sobre pesca de arrastre que incluye permisos para faenas de pesca, al considerar que existe un riesgo de daño a los ecosistemas y a derechos constitucionales, informó este miércoles la organización ambientalista MarViva.
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió la solicitud de medida cautelar de MarViva en contra de una serie de resoluciones del estatal Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que avalaron un estudio que tenía como fin probar nuevas técnicas para tratar de reactivar la pesca de arrastre, una actividad prohibida por la Sala Constitucional debido a su impacto ambiental.
«La parte actora acredita el peligro inminente y de difícil reparación, en caso no acoger sus pretensiones cautelares, concretamente, las implicaciones que puede tener para los ecosistemas marinos, incluso, para las arcas del Estado, la implementación de un proyecto sin los criterios técnicos necesarios, y en contravención con las disposiciones constitucionales que han sido emitidas en materia de pesca de arrastre», señala el fallo del Tribunal notificado a las partes.
La medida cautelar ordena suspender las faenas de pesca de arrastre que se realizan actualmente y cualquier otro acto conexo realizado por el Incopesca que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca y los acuerdos de la Junta Directiva que avalaron la iniciativa.
La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino que captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.
“Más allá de darnos la razón sobre la seriedad y rigurosidad de nuestros argumentos, con esta medida cautelar el Tribunal da un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias», declaró la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Arroyo agregó que el estudio de pesca de arrastre «está cargado de carencias técnicas y metodológicas», así como de «inconsistencias y falta de transparencia», lo que representa «un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas».
En 2020, el entonces presidente de Costa Rica (2018-2022), Carlos Alvarado, vetó una ley que rehabilitaba la pesca de arrastre, una práctica rechazada por ambientalistas y pescadores artesanales debido a sus impactos en el suelo marino y en diversas especies.
La pesca con redes de arrastre está prohibida en el país desde 2013 por orden de la Sala Constitucional, que determinó que esa práctica daña el ambiente.
Sin embargo, grupos políticos y pesqueros de camarón han impulsado desde entonces leyes e iniciativas para rehabilitar la técnica, basados en el uso de unos dispositivos especiales que supuestamente reducen la pesca de la fauna de acompañamiento. EFE
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