Unidad de Exiliados Nicaragüenses pide a Costa Rica no extraditar a Nicaragua a opositor

San José, 19 sep (EFE).- La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) solicitó este viernes a Costa Rica no entregar a Nicaragua al nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, pedido en extradición por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la muerte de una oficial y un civil en ese país.

«Solicitamos al sistema judicial de Costa Rica respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y evitar la instrumentalización de los procesos de extradición con fines políticos», demandó en una declaración ese grupo de exiliados nicaragüenses, que calificó de «fabricada» la acusación contra Fernández Sanvoval.

Según la UEN, el nicaragüense, quien es residente en Costa Rica desde hace más de 30 años, enfrenta un proceso de extradición solicitado por el Gobierno de Ortega y Murillo, por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno y Reinaldo Picado Miranda.

«Aunque se encuentra en apelación, el riesgo de su ejecución es grave e inminente», continuó la UEN, que recordó que Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias ‘Relámpago’, fue extraditado en febrero de 2024 «y actualmente se encuentra en condición de prisionero desaparecido en Nicaragua, tal como lo han confirmado sus familiares, sin acceso a visitas, medicinas ni un proceso judicial transparente».

En el caso de Picado, un exmiembro de la «Contra» nicaragüense y alias ‘comandante Omar’, el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica le reconoció la condición de refugiado, gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo que se evitó su extradición y protegió su vida e integridad, señaló la UEN

Las autoridades nicaragüenses acusan a las tres personas señaladas de las muertes homicidas de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Alertan tortura si es extraditado

Según la Policía de Nicaragua, esas tres personas junto con otros sujetos son los presuntos autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista del municipio de El Castillo, cuando supuestamente diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta.

En su declaración, la UEN dijo que reconoce a Fernández Sandoval «como un opositor político al régimen Ortega-Murillo» y que «los señalamientos en su contra son falsos y carecen de sustento».

«Nuestra organización certifica que, en el período referido en la acusación, Pedro Javier se encontraba laborando como jardinero en una institución del Estado costarricense, desempeñando de forma honesta su trabajo», sostuvo.

Por tanto, la UEN pidió a Costa Rica analizar ese caso «bajo los estándares internacionales que debe cumplir el Estado costarricense» y abocarse al principio de no devolución, que «es un estándar vinculante del Sistema Interamericano que impide la entrega de una persona a un Estado donde su vida o integridad corran un riesgo real e inminente».

La unidad consideró que, de ejecutarse la extradición, la vida e integridad de Fernández Sandoval «correrán un peligro inminente e irreparable, en un contexto de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Nicaragua».

La UEN También llamó a la comunidad internacional, medios de comunicación, organismos defensores de derechos humanos y a la ciudadanía, nicaragüense y costarricense, «a mantenerse vigilantes y a pronunciarse para impedir esta extradición, que constituye un caso claro de persecución política transnacional». EFE

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