Víctimas del atentado de Omagh critican la cooperación de Dublín con la investigación

Dublín, 24 jun (EFE).- Un grupo de víctimas del atentado de Omagh (1998), en el que murieron 29 personas, dos de ellas españolas, aseguró este martes que la cooperación del Gobierno irlandés con el tribunal especial que investiga esa acción terrorista es «totalmente insatisfactoria».

Así lo expuso hoy su abogado, Alan Kane, en la segunda jornada de una nueva ronda de sesiones de la pesquisa independiente ordenada por el Gobierno británico, que arrancó en enero para determinar si pudo prevenirse el atentado más sangriento en la historia del pasado conflicto en Irlanda del Norte.

Entre los fallecidos por la explosión de un coche bomba el 15 de agosto de 1998 en el centro de Omagh, figuraban el niño Fernando Blasco Baselga, de 12 años, y la monitora Rocío Abad, de 29.

Ambos formaban parte de un grupo que realizaba un curso de verano en la República de Irlanda y que ese día cruzó la frontera para visitar Irlanda del Norte, cinco meses después de la firma del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin a más tres décadas de violencia.

Kane, que representa a las familias de ocho de los fallecidos y a ocho heridos, indicó en su exposición inicial que sus clientes están «profundamente decepcionados» por la falta de compromiso de las autoridades irlandesas para «ayudar significativamente» a la investigación.

El Ejecutivo irlandés acordó este año con el tribunal, a través de un memorando de entendimiento, aportar documentación de los archivos del Estado sobre la actuación de sus fuerzas del orden respecto al atentado, una medida que las víctimas consideran insuficiente, según el letrado.

«Nuestros clientes desean utilizar esta investigación para avergonzar al Gobierno de la República de Irlanda por sus errores. Consideran que existe un imperativo moral, humano y legal para que (Dublín) establezca una investigación paralela sobre las muertes de personas que eran sus propios ciudadanos, visitantes de su país y quienes habrían tenido derecho a la ciudadanía irlandesa según sus leyes», subrayó Kane.

Durante la jornada hoy, última de esta nueva ronda de sesiones, también está previsto que intervengan los representantes del resto de víctimas. La familias Abad y Blasco están asesoradas por el abogado John Fox y la firma ‘Michael Donaghy of Campbell & Haughey’, respectivamente.

El Gobierno británico anunció en 2024 que esta investigación pública se centrará en cuatro áreas clave para determinar si pudo prevenirse.

Este tribunal establecido en la localidad norirlandesa de Omagh (oeste) -presidido por Andrew Turnbull, miembro de la Cámara de los Lores- examina los asuntos clave identificados por el Tribunal Superior de Belfast en 2021.

Aquel dictamen constató que había «argumentos plausibles de que el atentado podría haberse evitado», al tiempo que pidió una investigación independiente, tal y como han reclamado también las familias de las víctimas durante años.

En particular, el Tribunal Superior planteó dudas sobre la gestión e intercambio de información por parte de los servicios de inteligencia, tanto en Irlanda del Norte como en la vecina República de Irlanda.

Aunque las víctimas entienden que pudieron cometerse negligencias, también albergan la sospecha de que Londres y Dublín han evitado tomar medidas que pongan en dificultades al proceso de paz, un planteamiento que encaja con el habitual recelo de Londres para abordar las actividades de sus servicios secretos en el pasado conflicto.

Hasta la fecha solo dos hombres han sido acusados por el atentado perpetrado por el IRA Auténtico, una escisión del IRA opuesta al proceso de paz, pero las irregularidades cometidas por la Policía norirlandesa (PSNI) e irlandesa (Garda) durante sus pesquisas obligaron a las autoridades a ponerles en libertad. EFE

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