Victimas portuguesas y españolas de abusos en la Iglesia protestan por las indemnizaciones

Lisboa, 27 sep (EFE).- Víctimas portuguesas y españolas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica denunciaron este sábado en Lisboa la dilación en los proceso de indemnización y, en el caso de Portugal, la inacción por parte del Estado a la hora de proteger y apoyar a estas personas.

Bajo una lluvia intensa, miembros de Corazón Silenciado, el principal grupo de víctimas en Portugal, junto con representantes de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) y de Justice Iniciative España se concentraron y dieron una rueda de prensa ante la sede de la Asamblea de la República (Parlamento), en la capital lusa.

Allí acudieron pertrechados con carteles con mensajes como ‘¿Qué han hecho hasta ahora, señores diputados?’, ‘Toda la vergüenza para ellos, para nosotros coraje’, ‘Basta de encubrimiento y ocultar’ o ‘Fue en la cama, en la sacristía, en el confesionario’.

La directora de Justice Initiative España, Ana Cuevas, explicó a EFE que decidieron acudir hoy a Portugal porque lo que está pasando en este país es «una repetición» de lo que ocurre con la Conferencia Episcopal Española.

Las víctimas a ambos lados de la frontera piden que se aplique la recomendación del Consejo de Europa a sus países miembros para que se les ayude, conceda una indemnización y que «la Iglesia por fin se haga cargo de todos estos casos», dijo Cuevas.

«Porque está mirando de lado, está dilatando todos los procesos en el tiempo y no terminan de ayudar a las víctimas; y me parece de una maldad absoluta», zanjó esta mujer, que es madre de una víctima de abusos.

Para ella, las conferencias episcopales de España y Portugal «van en la misma línea», muy alejadas de lo establecido por el papa Francisco (2013-2025).

«Creo que el papa León XIV va a seguir por la misma linea que el papa Francisco y creo que deberían acercarse a las víctimas», señaló.

El marido de Cuevas, Juan Cuatrecasas, es presidente de ANIR y destacó en declaraciones a EFE la «diferencia de criterios que se está teniendo a nivel político» en los dos países.

Recordó que en España ha habido una investigación del Defensor del Pueblo y hay un apoyo a nivel de Estado, pero en Portugal es diferente, ya que no hay «atisbo» de que el Estado atienda a los afectados.

Sin embargo, a nivel de Iglesia, Portugal y España son «primos hermanos», es decir, «un desastre» tanto en el tema de las indemnizaciones como en la revictimización, denunció.

Para acceder a reparaciones económicas, «se les hace pasar una vez más por interrogatorios, como si esto fuera un tema de la Santa Inquisición», remarcó.

En la rueda de prensa, el fundador de Corazón Silenciado, António Grosso, lamentó la manera en que la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) está manejando el tema de las indemnizaciones y las entrevistas que se está haciendo a las víctimas para determinar si les corresponde una compensación.

Esas entrevistas, que hace una comisión de instrucción nombrada por la Iglesia, duran muchas horas y les piden detalles de sus vidas, cuando, afirmó Grosso, solo bastaría con saber que les pasó para establecer las indemnizaciones.

«Quieren saber de nuestras vidas, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de las condiciones en que vivimos, estudiamos, trabajamos, cómo vivimos, qué ganamos, cosas que no tienen nada que ver», enumeró.

En su caso, el cura que abusó de él entre los 10 y los 12 años en un seminario en Santarém, en el centro de Portugal, iba a dar misa en lo años 60 a la iglesia de los Mártires de Lisboa para la transmisión semanal de la televisión pública.

Y en la comisión de instrucción le preguntaron si había estado presencialmente alguna vez en esa misa: «El objetivo es conocer todos los detalles para saber si valemos 5.000 euros o menos», apuntó Grosso, quien agregó que a otra persona le preguntaron si su abusador había llegado a tocarle en la rodilla o la entrepierna.

Grosso también se quejó de la falta de respaldo del Estado portugués por «su inacción» y no haber hecho «nada» ni para proteger e indemnizar a las víctimas ni para prevenir casos en el futuro. EFE

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