El mundo tiene por fin una Corte de Justicia

El Tribunal Penal de Arusha fue creado para tratar los excesos cometidos en la guerra civil en Ruanda. Keystone

Este 1 de julio marca un hecho histórico. La Corte Penal Internacional permanente, CPI, entra en funciones. Suiza está entre sus fundadores.

Holanda, país sede de la futura Corte internacional, no ha previsto una ceremonia. La última sesión preparatoria se lleva a cabo en Nueva York con la asistencia de los países fundadores… a invitación de una coalición de las ONG.

En Berna, el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca el nacimiento de la nueva institución. Cabe recordar que Suiza “dio su apoyo activo” a la nueva instancia, aunque el futuro de ella dependerá de una cooperación rápida y total de los Estados que la componen.

Un paso contra la impunidad

A juicio de Dominique Reymond, consejero personal suizo de Carla del Ponte, actual procuradora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia, este 1 de julio de 2002 marca “un paso suplementario y significativo contra la impunidad de los poderosos y los peores crímenes cometidos en nombre de la razón de Estado”.

Es también una buena nueva para Adrien-Claude Zoller, director del Servicio Internacional de los Derechos Humanos, en Ginebra, y miembro de la Coalición de las ONG. “Lo es sobre todo porque no se esperaba que la Corte entrara en vigor tan rápidamente”.

Aún quedan gobiernos recalcitrantes y fríos ante los procedimientos judiciales que en determinado momento podrían ponerlos en tela de juicio. Lo mismo ocurre con los políticos que deben pronunciarse sobre la Corte, sin olvidar la posibilidad de tenerla alguna vez en su contra.

Hasta ahora son 74 los Estados que han ratificado los Estatutos de la CPI.

Necesidad de una institución permanente

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, Jürg Lindenmann sigue el expediente desde hace varios años y no ha olvidado las peripecias pasadas en la Conferencia de Roma, de julio de 1998, donde se logró finalmente redactar el estatuto de la Corte Penal Internacional, creada, entre otras razones, porque responde a una necesidad imperiosa.

“El siglo pasado fue uno de los más brutales. Uno tras otro fueron creados los tribunales denominados ‘ad hoc’, los de Nuernberg y Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial y los de La Haya y Arusha, tras los dramas en la ex Yugoslavia y Ruanda”, precisa.

“Sus contribuciones han sido muy importantes, pero comprendimos que no puede ser una solución a largo plazo y que esos tribunales surgen siempre con mucho retraso. Gradualmente se ha impuesto la convicción de que, también por razones financieras, hacía falta una estructura permanente”.

La herencia de La Haya y Arusha

Hasta la creación de los tribunales para juzgar sobre (los crímenes) Ruanda y la ex Yugoslavia, no existía una jurisprudencia en materia de justicia internacional. La futura Corte Penal podrá beneficiar con su trabajo en este sentido”, anota Dominique Resmond, abocado actualmente a una misión en África Central.

Uno de los logros de estos tribunales ad hoc es haber demostrado que “los principales responsables de los crímenes contra la humanidad, incluyendo el genocidio, pueden ser perseguidos, llevados ante la justicia y condenados, incluso antiguos jefes de Estado y ministros”, anota.

Dominqie Reymond constata además los eventos preventivos: desde la publicación de su inculpación, Slobaodan Milocevic fue considerado ‘persona non grata’ y los políticos macedonios alertaron a sus jefes militares contra cualquier violación de los derechos humanos.

Garantes en el futuro

¿Serán suficientes las experiencias de La Haya y Arusha para la garantizar la eficacia de la futura Corte Penal Internacional? Sin duda, no. No obstante, Adrian-Claude Zoller ve otras razones para el optimismo, particularmente en el hecho de que la CPI se inscribe en el marco de un movimiento de jurisdicción universal.

“Los Estados que entran en este nuevo sistema penal internacional deben adoptar legislaciones internas que reconozcan la jurisdicción universal para ciertos delitos. Quien torturó ya no podrá viajar impunemente de un país a otro”, recalca Zoller.

Coincidiendo con la importancia del acontecimiento, este 1 de julio de 2002 entra en vigor en Suiza una ley federal que regula el principio y las modalidades de la cooperación con la nueva Corte Penal Internacional.

¿Qué se puede pensar de los genocidios y otros crímenes contra la humanidad cometidos antes de esta fecha histórica y que quedarán impunes? “Cuando se pone en marcha un sistema jurídico, no está permitido ni el más mínimo error”, responde Adrien-Claude Zoller.

“El mecanismo debe ser perfecto y aplicar los principios generales del Derecho, comenzando por el que no reconoce el carácter retroactivo de la ley, aún cuando, desde el punto de las víctimas, esta impunidad siga siendo reprochable”.

Amenazas estadounidenses

En opinión de muchos observadores, la mayor amenaza al futuro de la Corte Penal internacional no radica solo en la ausencia de Estados Unidos, sino – sobre todo – en la actitud de la Administración Bush.

Bill Clinton terminó firmando, apenas, los estatutos de la CPI. Su sucesor ha desconocido ese paso y borrado ese párrafo. George W. Bush pretende evitar a cualquier precio que alguno de sus compatriotas se vea obligado alguna vez a comparecer ante jueces extranjeros.

Una primera consecuencia de ese temor refleja el veto de Washington contra la prolongación, en seis meses, del mandato de las tropas de pacificación de la ONU en Bosnia.

No obstante, los otros miembros del Consejo de Seguridad parecen dispuestos a sentar un precedente en este caso. Desde ya, dicho mandato será prolongado mientras defina una solución coherente al respecto.

“No porque Estados Unidos, siendo tan poderoso como es, se margine de la comunidad internacional, los otros gobiernos dejarán de hacer su trabajo”, alerta Adrien-Claude Zoller.

Jürg Lindenmann señala a su vez que: “lo importante en la situación actual es que Estados Unidos deja abierta la opción de cooperar con la Corte, tal como lo ha hecho con los tribunales para le ex Yugoslavia y Ruanda. Quizás comprenda que esta cooperación atañe también a sus propios intereses.

swissinfo/Bernard Weissbrodt, Ginebra