Inmunidad parlamentaria casi intocable
La Constitución garantiza a los parlamentarios la inmunidad contra toda persecución penal para proteger el debate político en toda libertad.
Pero en los últimos tiempos, la inmunidad parlamentaria también ha impedido la realización de procesos penales contra afirmaciones racistas.
Los parlamentarios de la Asamblea Federal disfrutan de la inmunidad contra procesos penales para evitar restricción alguna en los debates del Consejo Nacional (cámara baja) y del Consejo de los Estados (cámara alta). Esta inmunidad absoluta no puede revocarse y es una forma de garantizar la discusión política.
En cambio, aquel que cometa actos delictivos en su función política sólo se beneficia de una inmunidad relativa que puede ser levantada por decisión del Poder Legislativo.
Jasmin Hutter y el negocio de su padre
En la mayoría de los casos, el Parlamento respeta la inmunidad. La que recientemente ha aprovechado de esta protección es la diputada Jasmin Hutter, de la Unión Democrática de Centro.
La recién electa legisladora de San Gall presentó una moción contra la introducción de filtros para partículas de hollín en máquinas empleadas en la construcción. Según sus argumentos, en Suiza ningún filtro en el mercado es eficaz. Lo picante en el asunto es que Hutter trabaja como vendedora de estas máquinas en el negocio de su padre.
Dos fabricantes de filtros le exigieron que retirara sus declaraciones. A través de su abogado les comunicó que no lo haría.
Absoluta inmunidad ante citas en los diarios
Las dos empresas han puesto sendas denuncias por competencia desleal. Ahora, en la Asamblea Federal se discute si debe suspenderse o no la inmunidad a la diputada.
La Comisión Jurídica encargada de evaluar el caso, concluyó que las declaraciones de Hutter en la prensa argumentan su moción, por lo que queda cubierta por la inmunidad absoluta que se le confiere. La Comisión indica además que si Hutter ha sido citada en la prensa erróneamente, analizarlo no es de su incumbencia.
Una minoría de la comisión apoyaba que las declaraciones de la diputada entraban en el marco de la inmunidad relativa y que ésta debía ser elevada.
En pleno, el Consejo Nacional aprobó el 14 de marzo pasado la argumentación de la mayoría de la comisión, sin ninguna voz en contra. Si el Consejo de los Estados hace lo mismo, el proceso penal se suspenderá.
Blocher, entre los protegidos
El actual ministro de Justicia, Christoph Blocher, también aprovechó en diversas ocasiones la protección de la inmunidad durante su exfunción parlamentaria. En 1994, en la cámara baja, votó en lugar de su vecina ausente, Lisbeth Fehr. Recibió críticas, pero su inmunidad le protegió.
Siete años después, el voto de la diputación fue a favor de Blocher, cuando se le acusó de haber hecho declaraciones racistas y antisemitas en un discurso público.
Sólo una vez un miembro del gobierno perdió su inmunidad. Esto fue en 1989, cuando la ministra Elisabeth Koop fue acusada de violar el secreto de funciones al dar un trato preferencial a su marido en un escándalo de negocios.
En 1998, el parlamentario Ulrich Giezendanner quedó protegido por su función legislativa, tras haber calificado de «terroristas» a los miembros de un grupo de activistas ecológicos quienes le interpusieron una demanda. La razón para mantenerle la inmunidad: sus declaraciones fueron inscritas en un documento del Consejo Nacional.
En 1999, después de que el demócrata suizo, Rudolf Keller, llamó al boicot contra negocios judíos, la cámara baja quiso quitarle la inmunidad. Pero el Senado optó por la protección, por lo que Keller pudo librarse del proceso penal en su contra.
Jean Ziegler perdió también la inmunidad
En 1991, el Consejo Nacional decidió quitarle la inmunidad al crítico bancario, Jean Ziegler. Un proceso por difamación fue abierto contra el diputado ginebrino, el cual perdió y le costó una multa de 14.000 francos.
swissinfo, Philippe Kropf
Traducido del alemán por Patricia Islas
Desde 1850 los miembros del Parlamento y del Gobierno Federal gozan de inmunidad contra procesos penales en su contra, una forma de garantizar el debate político en toda libertad.
Esta protección puede ser suspendida por el Parlamento en caso de que se levante un proceso penal en contra de un legislador que haya exteriorizado declaraciones fuera del marco de su función.
Aquel que cometa actos delictivos en relación con su función política sólo se beneficia de una inmunidad relativa que puede ser levantada por decisión del Poder Legislativo.
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