Abinader cumple un año de su segundo mndato marcado por políticas migratorias con Haití

Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, cumple este sábado el primer año de su segundo y último cuatrienio con un balance de logros institucionales, fuertes medidas migratorias con respeto a Haití, una economía que ha perdido fuelle y unas reformas pendientes a la Seguridad Social y al Código de Trabajo.

El mandatario dominicano ha impulsado un diálogo entre él y otros expresidentes dominicanos para abordar la crisis que en todos los órdenes abate al fronterizo Haití, gozando del respaldo de sus antecesores.

En octubre pasado, el Ejecutivo ordenó un proceso de deportación «masiva» de haitianos indocumentados, que según cifras oficiales ha repatriado a 291.007 de ellos desde esa fecha a julio pasado.

República Dominicana ha desplazado a más de 11.000 tropas en la frontera con ese país, donde construye un muro o valla inteligente que, al completarse, abarcará unos 164 kilómetros.

El mes pasado Amnistía Internacional (AI) volvió a pedir al presidente dominicano que ponga fin «de manera inmediata» a sus políticas migratorias «racistas y discriminatorias» que, a su juicio, se aplican en contra de los haitianos en este país.

Así mismo, AI exigió la revocación del protocolo sanitario que vincula el acceso a servicios de salud de los haitianos indocumentados con la deportación, «una medida que pone en riesgo vidas y viola el derecho a la salud».

La promesa de la reforma para no «eternizarse» en el poder

En su discurso de jura, el 16 de agosto de 2024, Abinader prometió impulsar una reforma a la Constitución para «blindarla» y así evitar que futuros gobernantes la modifiquen para «eternizarse» en el poder.

La reforma se aprobó con rapidez -el partido oficialista dispone de mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional- en un texto que también incluyó la salida de la figura del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo responsable de elegir a los miembros de las altas cortes, incluyendo a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El gobernante también ha puesto empeño en completar la reforma a la Policía Nacional, que inició en su primer período, con resultados preliminares alentadores, aunque no con la rapidez esperada.

«En el campo institucional es positivo el balance de este último año de gobierno, con la modificación constitucional que saca al procurador del Consejo de la Magistratura, así como la creación de un Ministerio de Justicia que descarga y va en auxilio de las funciones del Ministerio Público, que ahora goza de independencia», dijo a EFE la abogada Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

Sin embargo, criticó con firmeza la reciente aprobación del nuevo Código Penal, pues considera que es una ley «regresiva» que mantiene la penalización del aborto, «invisibiza» a la mujer y ataca los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión.

Se desacelera la economía

El producto interior bruto (PIB) de República Dominicana ha sido uno de los de mayor crecimiento en América Latina -y el primero en el Caribe- en los últimos 15 años, inclusive el año pasado alcanzó el 5,0 %, solo detrás de Guyana, gracias al turismo, las remesas, las exportaciones de zonas francas y la inversión extranjera directa.

Pero el país hace frente a exenciones y subsidios dirigidos a prácticamente todos los sectores del país, lo que Abinader quiso enmendar con un proyecto de reforma fiscal que fue rechazado de plano por esos sectores y obligó al mandatario a retirarlo del Congreso.

Abinader asegura que los índices de pobreza extrema se han reducido a límites «históricos» y mantiene un sostenido programa de inversión en infraestructuras, como la ampliación del Metro de Santo Domingo, aunque el Presupuesto General contempla, desde hace años, empréstitos para cumplir con las metas económicas.

El jefe de Estado introdujo en el Congreso las reformas a la Seguridad Social y al Código de Trabajo, pero estas no salieron adelante, tras un proceso de amplios debates.

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