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Abogados de ex primera ministra peruana de Castillo confirman asilo otorgado por México

Lima, 3 nov (EFE).- Los abogados defensores de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de finales de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo, confirmaron este lunes que recibió el asilo político otorgado por México.

«La defensa expresa que esta decisión se enmarca plenamente en el Derecho Internacional y constituye un reconocimiento a la persecución política de la que (Chávez) ha sido víctima en el Perú», señaló un pronunciamiento publicado en la red social X del abogado Raúl Noblecilla, quien lo suscribió junto con Luis Barranzuela y César Romero, los otros defensores de la política.

Los abogados agregaron que, con su decisión, «México ha actuado conforme a los principios de protección de los derechos humanos y a los tratados internacionales vigentes».

Informaron, además, que «la defensa, por el momento, no brindará más declaraciones ni entrevistas, al tratarse de un asunto que corresponde ser tratado directamente entre el Estado mexicano y el Estado peruano».

Noblecilla había señalado horas antes que aún no tenían la información de que Chávez había recibido asilo por parte de México, tal como había informado el canciller peruano, Hugo de Zela, pero consideró que una decisión en ese sentido confirmaba que su defendida «es una perseguida política».

Tras conocer la intención del Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de dar asilo a Chávez, el Gobierno del presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que rompía relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

Chávez está acusada del delito rebelión junto a Castillo por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que pretendió dar el 7 de diciembre de 2022 el entonces gobernante, de quien era primera ministra.

La entonces presidenta del Consejo de Ministros estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba un mensaje a la nación donde ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una moción de censura en el Congreso tras revelarse indicios de presunta corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.

La política fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva. EFE

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