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Policías protegen sus cuerpos con escudos durante una protesta contra la privatización de la empresa de aguas y servicios sanitarios (Cedae), el 9 de febrero de 2017, en Rio de Janeiro

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La Asamblea Legislativa del estado brasileño de Rio de Janeiro, al borde de la ruina, aprobó el lunes la privatización del servicio de agua para obtener ayuda federal, pese a una huelga del sector y a amenazas de protestas.

La Asamblea (Alerj) autorizó la venta de la empresa de aguas y servicios sanitarios (Cedae) por 41 votos contra 28.

Esa es una de las medidas impuestas por el gobierno federal para otorgar un préstamo de 3.500 millones de reales (1.130 millones de dólares) a Rio, el segundo estado más rico de Brasil, que seis meses después de los Juegos Olímpicos no consigue pagar la totalidad de los salarios de sus funcionarios.

El estado y la ciudad de Rio, afectados por el derrumbe de los precios del petróleo y por los costes de las millonarias obras realizadas para los juegos, está al borde de la bancarrota.

La crisis ha dejado hospitales sin equipamientos y ha provocado huelgas policiales en reclamo del pago de salarios atrasados.

Sin embargo, la idea de vender la Cedae es controvertida.

Trabajadores de la compañía y fuerzas policiales se enfrentaron con violencia dos veces en las últimas semanas, si bien la manifestación de este lunes frente a la Asamblea se desarrollaba de manera pacífica hasta media tarde.

El lunes, sindicatos que representan a los trabajadores de Cedae anunciaron una huelga hasta el jueves "y una movilización permanente".

No obstante, el presidente del Sindicato de Trabajadores de las empresas de Saneamiento Básico de Rio, Humberto Lemos, dijo al sitio de noticias G1 que el servicio no se interrumpirá en vísperas de la llegada de un millón de turistas para el Carnaval, que empieza el viernes.

"Estaremos trabajando en un 30%. Según la ley, éste es un servicio esencial, por lo que no habrá un recorte de agua para la población, que no puede ser castigada", declaró.

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AFP