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El fiscal general de Michoacán, José Martín Godoy Castro (c), anuncia la muerte del periodista Salvador Adame Pardo, el 26 de junio de 2017 en Morelia

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Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la muerte del periodista Salvador Adame, secuestrado en mayo en el estado central de Michoacán, elevando a seis el número de reporteros asesinados en lo que va del año en México, uno de los países más riesgosos para el oficio en el mundo.

El cuerpo calcinado de Adame fue localizado el 14 de junio por agentes de la Policía y el Ejército mexicanos en un lugar conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que une los pueblos de Lombardía y Nueva Italia, precisó el fiscal de Michoacán, José Martín Godoy, en una conferencia de prensa.

"Las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame", de 44 años, precisó Godoy.

Adame, propietario del Canal 6 de televisión local, fue raptado frente a una planta de agua por un comando armado el 18 de mayo en Nueva Italia, en el centro de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.

La fiscalía michoacana había calificado su desaparición en un primer momento de secuestro por asuntos de faldas y deudas económicas, pero la familia nunca recibió un pedido de rescate.

Sólo 12 días después del hallazgo, la fiscalía determinó en conferencia de prensa que Adame fue asesinado y posteriormente quemado por órdenes de un líder delincuencial apodado "El Chano Peña", que opera en la región de Tierra Caliente de Michoacán, de acuerdo con el testimonio de otro delincuente llamado Daniel Rubio, detenido la semana pasada.

Según esta declaración, el posible móvil del crimen fueron "problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado 'Chano Peña', lo que podría tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confrontan", afirmó la Fiscalía.

Para Balbina Flores, corresponsal en México de la ONG de defensoría de periodistas Reporteros Sin Fronteras, esa conclusión tan rápida es insuficiente. "La policía tiene resuelto todo el caso en un solo momento", denunció a la AFP.

-Piden que siga investigación-

Una reportera de la región dijo semanas atrás y bajo anonimato a la AFP que Adame investigaba a una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con autoridades.

Para el gremio de comunicadores de Michoacán, la principal línea de investigación del crimen debe ser su actividad periodística. Él junto con su esposa ya habían sido atacados años atrás durante una cobertura.

"Se confirma el alto riesgo que implica el ejercicio periodístico no sólo en Michoacán sino en el resto del país y la indolencia de las autoridades para operar de forma rápida y poder evitar el asesinato de más colegas cuando son desaparecidos", comentó a la AFP Patricia Monreal, periodista de esa región.

"Lo único que esperamos es que se agoten realmente todas las líneas de investigación, fundamentalmente la labor periodística de Salvador", añadió Balbina Flores.

La activista explicó que su organización aún está intentando contactar a la familia del periodista. "Es una situación muy difícil porque la esposa de Salvador está en muy malas condiciones de salud", agregó.

El secuestro de Adame ocurrió sólo un día después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometiera a fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad, como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya muerte, ocurrida el 15 de mayo, ha sido condenada dentro y fuera del país.

México es considerado el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, según la ONG Reporteros Sin Fronteras.

Antes de Valdez, también corresponsal del diario La Jornada y colaborador de AFP, otros cuatro periodistas habían sido asesinados este año en México: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach y Maximino Rodríguez.

Desde el año 2000, han sido asesinados más de 100 periodistas en el país, de los cuales 11 lo fueron en 2016, una cifra récord.

Según organizaciones de derechos humanos, más del 90% de estos crímenes siguen impunes.

AFP