Indígenas guatemaltecos denuncian violaciones por hidroeléctricas ante CIDH
Indígenas guatemaltecos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asesinatos, agresiones y amenazas por parte de empresas que desarrollan proyectos hidroeléctricos en sus comunidades informaron este lunes organizaciones humanitarias.
La denuncia fue interpuesta por comunidades indígenas y un grupo de organizaciones durante una audiencia de la CIDH, con sede en Washington, indica un comunicado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
La denuncia reivindica “sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala que sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos”, afirma la nota, que tiene el apoyo de una treintena de entidades nacionales e internacionales.
Las entidades presentaron un informe en que documentan 10 casos conflictivos, en el marco de los cuales se produjeron 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.
“La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura y el encarcelamiento de 36 personas defensoras”, así como el asesinato de 11 personas y otros tres crímenes asociados a los conflictos en el noroccidente del país, detalla el comunicado.
El informe indica que los crímenes se registraron a partir de 2013 y los responsables son guardias de seguridad de las empresas y personas que apoyan los proyectos.
Al menos 19 empresas están vinculadas con proyectos hidroeléctricos, de los cuales 55% son nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales.
Las organizaciones piden al Estado guatemalteco respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta popular para avalar o no un proyecto en su comunidad y garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
A las empresas demanda abstenerse de tomar acciones como demandas penales, que resulten en la persecución y en ataques a defensores de derechos humanos.
En Guatemala, la actividad minera y de las hidroeléctricas se realiza bajo la protesta de ambientalistas, campesinos e indígenas, que se oponen a la explotación de minerales y a la construcción de megaproyectos por considerarlos una amenaza para los recursos naturales y las comunidades autóctonas.
