AI: Amnistía en Perú a militares y policías premia a culpables de violar derechos humanos
Lima, 18 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) rechazó este lunes la amnistía promulgada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, para militares y policías que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000), y afirmó que esta premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos.
«Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de ‘amnistía humanitaria’, permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia», indicó la organización en un comunicado.
AI afirmó que esta norma «viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente».
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000 contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
«Su implementación impactará en al menos 156 casos con sentencia firme, permitiendo que responsables por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, puedan recuperar su libertad», señaló AI.
Mensaje de indiferencia hacia las víctimas
Amnistía sostuvo que la cancelación de procesos en investigación o en juicio transmite un mensaje de indiferencia e impunidad frente al dolor y derecho de las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación.
Recordó que esta amnistía incluiría a los responsables de la matanza de Putis, ocurrida en la región andina de Ayacucho en 1984, donde 123 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, fueron asesinadas por el Ejército en 1984 tras forzar a parte de ellos a cavar su propia fosa común bajo el engaño de que iban a construir una piscigranja.
«La organización recuerda que el derecho internacional y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000», agregó.
Amnistía Internacional también advirtió sobre el avance de prácticas autoritarias y de impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para incumplir compromisos internacionales.
Frente a ello, la organización reiteró a las autoridades peruanas su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, «lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos».
«Para cerrar este capítulo doloroso de la historia, las autoridades deben garantizar la no repetición. Ello exige enfrentar decididamente la impunidad y encontrar a los responsables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú por todas las partes involucradas en el conflicto armado», concluyó AI. EFE
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