AI pide que se respeten los derechos de quienes denuncian la corrupción en África

Dakar, 11 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a los gobiernos de África occidental y central que dejen de perseguir a los defensores de derechos humanos que denuncian la corrupción, el soborno y el abuso de poder, y que tomen medidas para protegerlos y apoyarlos.

En un nuevo informe titulado «La lucha contra la corrupción en peligro. La represión contra los defensores anticorrupción en África occidental y central», AI mostró que en 19 países de la región los denunciantes corren el riesgo de ser arrestados, procesados, acosados, multados e incluso ser asesinados.

En un comunicado, Agnès Callamard, secretaria general de la organización pro derechos humanos, dijo hoy que la represión de los activistas que luchan contra la corrupción en esta región «es muy preocupante».

«Estas personas desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción y, por tanto, en la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, son objeto de ataques, intimidación, acoso y persecución cuando alzan su voz», declaró Callamard.

La secretaria general de AI dijo que los gobiernos de la región «deben abordar la cultura generalizada de impunidad que sigue alimentando la corrupción endémica».

«La corrupción provoca malos tratos, torturas y muertes bajo custodia. Priva de ingresos a sectores de la sociedad económica y socialmente vulnerables y debilita la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos», agregó.

Callamard explicó que la corrupción es una cuestión de derechos humanos porque interfiere en el disfrute efectivo de los derechos individuales y colectivos garantizados en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y obstaculiza la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y abogados a desempeñar sus funciones con imparcialidad.

AI denunció que las leyes sobre la difamación y la «información falsa», las multas desproporcionadas, las detenciones arbitrarias, las amenazas y la violencia física se utilizan para silenciar a activistas y periodistas que sacan a la luz prácticas deshonestas.

En este sentido, la organización aludió a los casos de tres periodistas.

El de la nigerina Samira Sabou, acusada de difamación tras difundir un artículo publicado en mayo de 2021 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), según el cual las drogas incautadas por las autoridades nigerianas habían sido compradas por narcotraficantes y puestas de nuevo en el mercado.

El del periodista togolés Ferdinand Ayité, detenido en diciembre de 2021 tras acusar de corrupción a dos miembros del Gobierno de Togo y condenado, junto a un compañero, a tres años de prisión y una multa de tres millones de francos CFA (4.572 euros) por «insultar a funcionarios públicos» y «difundir información falsa».

Y el caso del periodista camerunés Martinez Zogo, secuestrado por hombres no identificados en enero de 2023 y cuyo cuerpo mutilado apareció en un descampado después de haber investigado y publicado información sobre la presunta malversación de cientos de miles de millones de francos CFA por parte de figuras políticas y empresariales cercanas al Gobierno.

En la actualidad, sólo Costa de Marfil, Mali y Níger han adoptado leyes sobre la protección de los defensores de los derechos humanos, y sólo Ghana cuenta con legislación específicamente dirigida a proteger a los denunciantes de irregularidades.

Diez países de la región han adoptado leyes sobre el acceso a la información, que permiten a los ciudadanos obtener información en poder de los organismos públicos y exigir responsabilidades a los gobernantes, pero el coste de obtener esta información y la percepción de que estas leyes están destinadas únicamente a los periodistas siguen siendo obstáculos para su aplicación. EFE

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