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Alcaldes italianos se rebelan contra la ley de inmigración

El Parlamento italiano aprobó en noviembre un controvertido decreto-ley que endureció su política migratoria, impulsado por Salvini afp_tickers

Varios alcaldes de importantes ciudades italianas se niegan a aplicar la nueva ley para la seguridad y la inmigración impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, por considerarla «inhumana» y que induce al «crimen».

El alcalde de centroizquierda de la capital siciliana, Leoluca Orlando, explicó este jueves en la emisora pública RAI que suspendió la aplicación porque viola los derechos humanos.

«Es un texto inhumano porque viola los derechos humanos e induce al crimen al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio», agregó.

El alcalde impugna, en particular, la medida que prohíbe la obtención del derecho de residencia a una persona con un permiso de estadía en el territorio.

La nueva ley prohíbe a los ayuntamientos emitir un documento de identidad o de registro al Servicio nacional de salud, obligatorio para acceder a los beneficios del médico de familia.

La reacción de Salvini fue inmediata. «¿Desobedecen las leyes? No les envío el ejército pero tendrán que responder legalmente por ello», dijo en un video publicado en Facebook.

Otros alcaldes han seguido el ejemplo del colega siciliano, entre ellos los de Nápoles y Florencia, y también de Parma, Federico Pizzarotti, disidente del Movimiento 5 Estrellas (M5E), la formación antisistema aliada de la derechista Liga que gobierna actualmente Italia.

El Parlamento italiano aprobó en noviembre un controvertido decreto-ley que endureció su política migratoria, impulsado por Salvini.

La medida principal del texto suprime los permisos de residencia humanitarios otorgados hasta ahora a personas vulnerables, familias o mujeres solteras con hijos y víctimas de traumas en su viaje a Italia.

Reemplaza los permisos de residencia por razones humanitarias, que son cerca del 25% de las solicitudes y autoriza un procedimiento de emergencia para expulsar a cualquier solicitante que sea considerado «peligroso».

Reorganiza asimismo el sistema para recibir solicitantes de asilo que a fines de octubre del 2018 sumaban 146.000, los cuales serán reagrupados en grandes centros.

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