Bruselas analiza si el permiso parental remunerado en España cumple la directiva europea
Bruselas, 23 mar (EFE).- La Comisión Europea está analizando si la legislación española cumple con la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional, incluido en lo relativo al permiso parental remunerado, después de que en 2025 la Justicia europea multase a España por no haber incorporado adecuadamente la norma comunitaria.
Así lo trasladó una responsable de esa institución a la Eurocámara durante un debate en la comisión de Peticiones sobre la solicitud de un ciudadano español relativa a la implementación de la directiva en España.
El demandante, que intervino de manera telemática, denunció que España ha transpuesto de manera incorrecta el permiso parental remunerado para cuidar de hijos hasta los ocho años que establece la directiva puesto que ha integrado la mayor parte del mismo (seis de las ocho semanas) en el permiso por paternidad o maternidad, que se disfruta en torno al nacimiento del bebé.
Asimismo, consideró que ha cometido un error al limitar el derecho a ese permiso a los padres cuyos hijos nacieron o fueron adoptados a partir del 2 de agosto de 2024, lo que excluye a las familias con niños menores de ocho años nacidos antes de esa fecha.
«Sustituir el 75 % del permiso parental por el de nacimiento lo que hace es concentrar el 75 % del permiso en los primeros meses de vida del menor, olvidándose de la conciliación en los años dos a ocho y, por tanto, anula el efecto útil de la Directiva de conciliación», dijo el peticionario.
La representante de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea explicó que la institución está llevando a cabo una evaluación de cómo todos los Estados miembros han incorporado en sus respectivas legislaciones esa directiva y recordó que, en el caso de España, Bruselas abrió en 2022 un procedimiento de infracción por problemas en la transposición del permiso parental para las madres empeladas en el sector privado.
El caso terminó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2025 sentenció que España había incumplido e impuso una multa de 6,8 millones de euros.
Para subsanar el problema, el Gobierno aprobó un real-decreto ley que la Comisión también está ahora evaluando para decidir si cierra el expediente, según explicó la responsable comunitaria.
En concreto sobre el permiso parental, subrayó que la directiva permite a los Estados tener en cuenta los diferentes permisos familiares a la hora de cumplir siempre y cuando respeten los requisitos mínimos de la normativa y no reduzcan la protección general de los trabajadores.
«Por lo tanto, usar un permiso existente (la baja de paternidad) para cumplir con los requisitos del permiso parental puede ser acorde a la directiva si se cumplen esas condiciones. Es algo que estamos evaluando», dijo.
Asimismo, explicó que, si bien la directiva no contempla la fecha límite de nacimiento o adopción aplicada por España para disfrutar de ese permiso, los Estados pueden decidir algunas limitaciones si estas no afectan a la duración mínima del permiso, extremo que también analizarán.
La comisión parlamentaria decidió mantener abierta la petición a espera de las conclusiones del Ejecutivo comunitario, tal y como reclamaron los eurodiputados de PP, Vox, Podemos y Salf.
La eurodiputada del PP Elena Nevado consideró «injusta» la exclusión del permiso basada en la fecha del nacimiento del menor y criticó el retraso en la transposición de la directiva, un reproche al que se sumó la europarlamentaria de Vox Margarita de la Pisa, quien además criticó que se haya hecho vía real-decreto y lamentó una multa que «pagaremos todos los españoles».
También la eurodiputada de Podemos Isabel Serra criticó la «discriminación» por la fecha de nacimiento y el coste de una multa con cuya cuantía «podrían estar cubiertas muchas familias» y pidió que se inste al Gobierno a cambiar la ley.
Por su parte, la parlamentaria del PSOE Idoia Mendía defendió que la normativa española «supera» los estándares mínimos de la Directiva, que «permite integrar diferentes derechos nacionales». EFE
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