Bruselas pide España refuerce figura del fiscal general y menciona caso de García Ortiz

Estrasburgo (Francia), 8 jul (EFE).- La Comisión Europea recomendó este martes a España seguir trabajando para reforzar la figura del fiscal general y se hizo eco de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, así como de las protestas de jueces y fiscales.

Las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho que Bruselas ha publicado hoy piden «continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía».

Por otra parte, el documento recuerda que el fiscal general del Estado «se encuentra en proceso judicial» dado que un juez de instrucción del Tribunal Supremo «solicitó su procesamiento» después de ser acusado de «presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal» y que García Ortiz ha presentado un recurso de apelación.

El informe cita también las protestas de jueces y fiscales que «reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial», según el Ejecutivo comunitario.

La sexta edición del informe sobre el Estado de Derecho detecta avances en España en seis ámbitos, empezando por el refuerzo del estatuto del fiscal general, pero también en la renovación del CGPJ, así como en las medidas para la adopción de una legislación sobre grupos de presión, en las medidas para investigar y juzgar casos de corrupción y en el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses.

No ve, sin embargo, avances adicionales en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.

A continuación, emite seis nuevas recomendaciones, empezando por la necesidad de seguir con los esfuerzos para reforzar el estatuto del fiscal general.

Otra recomendación es la de «avanzar en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del Consejo del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas».

También recomienda continuar el proceso de adopción de legislación sobre grupos de presión, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de lobistas.

Y llama a «intensificar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, para aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal».

Otra de las recomendaciones a España es «impulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo un mayor fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

Por último, se invita a España a «avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales».

Sistema judicial

El informe recoge datos de un reciente Eurobarómetro que explica que el nivel de independencia judicial que se percibe en España sigue siendo bajo entre la población general y ahora es medio entre las empresas.

Reconoce «avances importantes» en la recomendación de concretar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y «ciertos pasos» para avanzar en el proceso de adecuación del procedimiento de nombramiento de sus jueces.

Concluye que, en general, se ha logrado un «progreso significativo» en las recomendaciones del informe de 2024, mientras apunta a la necesidad de «más pasos necesarios para finalizar el proceso para adaptar el procedimiento de designación de los jueces miembros».

Sobre el fiscal general, percibe algunos avances adicionales en la recomendación de fortalecer su estatuto, «aunque algunas partes interesadas expresan opiniones críticas sobre la reforma».

Esas partes han «expresado su preocupación por la reforma prevista, considerando que supone un riesgo para la independencia de la justicia al reforzar las facultades del fiscal general y reducir las garantías profesionales de los fiscales», dice.

Además, se refiere a las actuales protestas de jueces y fiscales, «lo que refleja la tensión generada por las reformas propuestas al poder judicial». EFE

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