Cúpulas empresariales de Panamá rechazan la jubilación especial para jueces del Supremo

Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE).- Las cúpulas empresariales de Panamá han expresado su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aprobarse unas jubilaciones especiales, con el 100 % del salario, lo que calificaron como imprudente y desconectado de la realidad de un país sumido en una crisis fiscal y de empleo, y pidieron a los magistrados rectificar anulando la medida.

«Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, son recursos para atender las verdaderas necesidades del país», afirmó este martes la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

En un comunicado, la CCIAP declara que «repudia categóricamente el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2025», mediante el cual el pleno de nueve magistrados del Supremo «crea un fondo especial de compensación por retiro que garantiza a sus magistrados el 100 % de su último salario y extiende privilegios similares a otras posiciones judiciales».

El fondo especial previsto en el Acuerdo 407 se alimentará de recursos procedentes del presupuesto del Poder Judicial, es decir, del dinero recaudado por el fisco o de más deuda pública.

Otra violación al principio de igualdad ante la ley

Este acuerdo «viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio Ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas del Estado», resalta Juan Arias, presidente de la CCIAP, que agrupa a unas 1.700 empresas de 15 sectores económicos de Panamá.

Asimismo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destaca que la decisión sobre las jubilaciones especiales del Poder Judicial se ha tomado cuando Panamá «enfrenta altos niveles de desempleo (9,5 %) e informalidad (49 %)», cuando recién ha «superado un extenso período de paros que afectaron la paz social y la economía», y en circunstancias en las que el «gasto público debe ser optimizado y orientado a las prioridades más urgentes».

Es por ello que, argumenta el Conep en una declaración pública, «destinar recursos para cubrir beneficios especiales para un grupo específico de funcionarios resulta incongruente con los esfuerzos que Panamá requiere para su recuperación y estabilidad».

Ambas cúpulas pidieron a los magistrados del Supremo que rectifiquen echando atrás la medida, que también ha sido duramente criticada por algunos sectores políticos y por analistas que la han tildado de inconstitucional y aberrante.

Aumento de salario y de pensiones

Meses atrás, los mismos magistrados del Supremo se aumentaron el salario de 10.000 a 14.000 dólares mensuales, casi 20 veces el salario promedio del país, una medida que ha generado un efecto de cascada evidenciado en que los jueces del Tribunal Electoral también se ajustaron el salario a ese mismo nivel.

Los magistrados del Supremo, que están en el cargo solo 10 años, se han asegurado una jubilación del 100 % del salario cuando los panameños no saben a ciencia cierta con cuánto se podrán jubilar en el marco de la reforma de las pensiones aprobada meses atrás.

Los detractores de la reforma afirman que la gran mayoría de los cotizantes recibirán, tras mínimo 20 años de trabajo o 240 meses de cotización, el 30 % del salario, lo que las autoridades de la Caja del Seguro Social (CSS) niegan y afirman que será al menos el 60 %.

En Panamá hay decenas de salarios mínimos, dependiendo del sector económico y la zona geográfica, pero analistas como Felipe Argote han dicho a EFE que el salario promedio del país está en 725 dólares mensuales.

El contralor general de Panamá, Anel Flores, ha dicho que prepara unas «demandas de inconstitucionalidad» contra la resolución del Supremo que crea las jubilaciones especiales, aunque reconoció que estas serán analizadas por los mismos magistrados que la aprobaron. EFE

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