Cinco asociaciones israelíes recurren al Supremo la pena de muerte dirigida a palestinos
Jerusalén, 31 mar (EFE).- Cinco asociaciones israelíes han recurrido ante el Tribunal Supremo la nueva ley aprobada este lunes por el Parlamento de Israel (Knéset) para imponer la pena capital a palestinos de Cisjordania por asesinatos terroristas, al entender que es «una ejecución con base explícitamente racista» y contraria al derecho a la vida.
En un comunicado, las organizaciones Adalah, Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Gisha informaron este martes de su recurso a esta ley, que se suma a otro presentado por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés).
La legislación impone la pena de muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania hallados culpables de «asesinato terrorista» y suaviza su imposición en el caso de los israelíes, hasta hacerla difícilmente aplicable.
Las cinco asociaciones piden que se declare nula la ley, argumentando que «representa una negación total del derecho a la vida e impone castigos crueles e inhumanos», que su objetivo es la venganza y que la Knéset carece de competencia para legislar en Cisjordania ocupada.
La norma, dicen, «crea una clara discriminación racial», ya que mientras para los palestinos de Cisjordania enmienda una orden militar y hace prácticamente obligatoria su imposición por parte de los tribunales militares, para los ciudadanos israelíes (tanto residentes en Israel como los colonos ilegales de Cisjordania) añade requisitos que la hacen inaplicable.
Concretamente, en el caso de los israelíes agrega el requisito de que cometan un asesinato «con la intención de negar la existencia del Estado».
«Esta formulación está diseñada específicamente para excluir a los autores judíos israelíes de delitos similares y garantizar que la ley se aplique exclusivamente contra los palestinos», dicen las organizaciones de derechos humanos.
Además, en el caso de los tribunales militares que juzgan a los palestinos -el Ejército israelí controla Cisjordania, como potencia ocupante-, la ley convierte la imposición de la pena capital en obligatoria -salvo raras excepciones no definidas-, lo que «priva a los jueces de su independencia y discreción».
Asimismo, la ley permite que las sentencias de muerte para palestinos se impongan por mayoría simple en tribunales militares -cuando normalmente necesitan la unanimidad- y sin que la Fiscalía la haya solicitado, y elimina cualquier posibilidad de indulto.
Las organizaciones denuncian en su apelación que el plazo para ejecutar la pena desde la sentencia firme, de 90 días, es insuficiente y que se imponen restricciones «al acceso a la asistencia letrada y a las visitas familiares de los condenados a muerte».
Y rebaten que el propósito de la ley sea la disuasión, al alegar que los propios funcionarios de seguridad israelíes que comparecieron ante la comisión del Parlamento israelí donde se discutió rechazaron la aseveración de que tuviera algún efecto disuasorio.
Los apelantes aportan un dictamen pericial que muestra que «no existe evidencia empírica clara que demuestre que la pena de muerte disuada el crimen».
«De hecho, el consenso predominante entre científicos sociales y juristas se inclina decisivamente en contra de cualquier efecto de este tipo sobre las tasas de homicidio», dicen.
Añaden que, según se desprende de las declaraciones de los parlamentarios que promovieron la ley -la promotora es una diputada del partido ultraderechista Poder Judío cuyo marido fue asesinado en un atentado-, su propósito principal es «la venganza en lugar de la disuasión legítima».
Las organizaciones consideran asimismo que el Parlamento israelí no es competente para promulgar una ley que afecta al territorio de Cisjordania, que alberga una población protegida bajo ocupación.
«La Knéset no es el órgano legislativo en Cisjordania y carece de autoridad para imponer leyes que contradigan los intereses de la población protegida», dicen en su recurso. EFE
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