Colombia llega a las legislativas con más riesgo electoral por fragmentación del conflicto
Esneyder Negrete
Bogotá, 6 mar (EFE).- Colombia llega a las elecciones legislativas del 8 de marzo con un escenario de seguridad desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.
Tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC el conflicto no desapareció sino que mutó hacia un escenario más fragmentado, con disidencias de la guerrilla activas y grupos narcotraficantes que compiten por el control territorial y las economías ilegales y tratan de influir en la política local y regional.
A diferencia de 2022, el país encara esta cita electoral con más actores armados y más disputas locales, explica el analista del conflicto Luis Fernando Trejos.
«Hoy tenemos más grupos armados y más conflictos porque las rupturas entre ellos no han sido consensuadas sino violentas. Eso implica más competencia por el control territorial y más victimización de la población civil», señala.
El mapa actual está dominado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las FARC; el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y grupos regionales como los Comuneros del Sur y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Según Trejos, la dinámica ha cambiado frente a años anteriores, porque antes los grupos armados buscaban sabotear las elecciones quemando urnas o prohibiendo votar, y hoy el objetivo no es destruir el sistema sino incidir en él: «Quieren que haya elecciones, pero para capturarlas o instrumentalizarlas».
En las regiones donde operan esos grupos ilegales, «gane quien gane, tiene que hablar con ellos», lo que puede derivar en clientelismo armado y desvío de recursos públicos.
Disputa territorial
El mayor riesgo se concentra en zonas como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, donde hay disputas entre el ELN y disidencias de las antiguas FARC, choques que han causado una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de cerca de 100.000 personas en el último año.
En el sur del país, especialmente en Putumayo y Caquetá, hay enfrentamientos entre disidencias y los llamados Comandos de la Frontera por rutas del narcotráfico y enclaves cocaleros. Mientras que en el Caribe y el noroeste, el pulso es entre el Clan del Golfo y el ELN.
En este escenario de guerras regionales superpuestas pueden presentarse restricciones a campañas, prohibiciones de ingreso a candidatos o presiones a comunidades para orientar el voto, así como sabotajes puntuales a puestos de votación bajo apariencia de disturbios civiles.
Para Trejos, la política de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro, está en el centro del debate, porque las negociaciones iniciales «facilitaron la expansión territorial de algunos grupos, que dejaron de confrontar a la fuerza pública pero intensificaron disputas entre sí, lo que derivó en más desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores».
Riesgo electoral
Frente a este panorama, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que unos 170 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia entre violencia e indicios de fraude, lo que amenaza al 11,02 % del censo electoral, sin incluir a Bogotá.
El coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, Diego Alejandro Rubiano, atribuyó ese aumento al repunte de acciones armadas desde 2024 y a la persistencia de economías ilegales.
En términos comparativos, la MOE considera que el nivel de riesgo es similar al de 2018, aunque con mayor concentración en la categoría extrema. Pero pese al aumento sostenido desde 2024, indica que Colombia mantiene «una institucionalidad capaz de organizar elecciones en medio del conflicto».
Ante esta situación, el Gobierno asegura que brindará todas las garantías de seguridad y durante la jornada electoral del 8 de marzo serán desplegados 246.000 integrantes de la fuerza pública para cubrir 13.493 puestos de votación y más de 125.000 mesas, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Además, cerca de 500 aspirantes al Congreso cuentan con esquemas de protección y casi 50.000 uniformados han acompañado más de 3.700 actos de campaña.
El Gobierno también ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos (unos 13.300 dólares) por información que permita prevenir o judicializar delitos electorales como la compra de votos, una costumbre arraigada en el país. EFE
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