Comisión Etíope de Derechos Humanos pide una justicia transicional centrada en víctimas
Nairobi, 4 ago (EFE).- La Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC) instó este lunes a implementar una justicia transicional basada en los derechos humanos, centrada en las víctimas y respaldada por una consulta nacional amplia, como vía para mejorar la situación de los derechos fundamentales en el país.
Según el informe anual de la EHRC -un organismo que trabaja de manera autónoma, pero cuyo un jefe es designado por el Parlamento-, que evalúa el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025, la situación de los derechos humanos en Etiopía se ha deteriorado debido a los conflictos armados y los vacíos de seguridad en varias regiones.
Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados en las regiones de Amhara, en el norte, y Oromía, en el centro del país, provocaron muertes, desplazamientos y ataques contra civiles.
La EHRC recibió 1.258 denuncias relativas a prácticas como arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y uso de centros de detención informales, tras monitorear la situación en 66 prisiones, 473 comisarías y 9 centros no oficiales de detención.
«Para mejorar la situación de los derechos humanos en Etiopía, es necesario resolver pacíficamente los conflictos, establecer responsabilidades y brindar reparaciones a las víctimas», afirmó el alto comisionado de la EHRC, Berhanu Adelo.
Según el informe, los conflictos también afectaron el sistema sanitario, con brotes de malaria, cólera y sarampión agravados por una huelga del personal médico motivada por la falta de condiciones laborales adecuadas.
A ello se sumaron las consecuencias de desastres naturales como sequías e inundaciones, que agudizaron la inseguridad alimentaria y dejaron a unos 7,8 millones de niños sin acceso a la educación por el cierre de escuelas.
Entre los avances, el informe destaca la publicación de una hoja de ruta para la justicia transicional, junto con la redacción de leyes sobre crímenes internacionales y mecanismos de participación de las víctimas, además de la reducción de arrestos ilegales y mejoras en la seguridad tras acuerdos entre autoridades regionales y grupos armados.
También resalta el levantamiento de la prohibición a cuatro organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación para los Derechos Humanos en Etiopía (AHRE), el Centro para el Avance de los Derechos y la Democracia (CARD) y Abogados por los Derechos Humanos (LHRW), suspendidas en noviembre por supuesta falta de neutralidad política y actuar contra los intereses nacionales.
Otro avance fue el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno regional de Oromía y miembros del partido opositor Frente de Liberación Oromo (OLF).
No obstante, persisten los ataques del Ejército de Liberación Oromo (OLA), que busca la autodeterminación del pueblo oromo -mayoritario pero históricamente marginado- y que se escindió del OLF después de que éste dejara las armas para volver al país y hacer política a invitación del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en 2018.
Desde entonces, el grupo, que fue catalogado en 2021 como un grupo terrorista por el Ejecutivo etíope, usa como base de sus operaciones Oromía.
A menudo, los ataques del OLA presentan tintes étnicos y van dirigidos contra miembros del pueblo amhara, mayoritario en la región homónima y con presencia en algunas zonas de Oromía.
A este grupo se le atribuyen masacres en las que han muerto cientos de personas en los últimos años, si bien también se ha acusado a las fuerzas gubernamentales de cometer matanzas y ataques de represalia contra civiles en el marco de su lucha contra los rebeldes. EFE
aam/pga/ad
