COP30: hacia un mercado mundial de carbono, pero bajo crítica de los ecologistas

Redacción Medioambiente, 15 nov (EFE).- Los mercados de carbono vivieron un punto de inflexión en la COP29 de Bakú, cuando se logró consensuar un reglamento para poder regularizar los acuerdos internacionales de compra y venta de emisiones pero, un año después, los grupos ecologistas dudan de su eficacia real.

Estos mercados se diseñaron para asignar un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) creando los créditos de carbono, cada uno de los cuales representa una tonelada de CO2 no generada o bien compensada y eliminada de la atmósfera mediante, por ejemplo, proyectos de reforestación.

Los acuerdos internacionales fijan la cantidad de créditos de carbono disponibles en cada país y luego gobiernos y empresas pueden vender los suyos sobrantes o comprar los de terceros en función de sus necesidades y objetivos respecto al volumen emitido de GEI.

Los mercados de carbono existen desde el Protocolo de Kioto de 1997 aunque el primer sistema de comercio regulado internacional de importancia, el de la Unión Europea, data de 2005 y durante años ha sido uno de los principales asuntos de negociación de las cumbres climáticas hasta que la del año pasado en Bakú logró por fin una normalización de los mismos bajo supervisión de la ONU.

Herramientas ejecutables

Expertos consultados por EFE han explicado que la COP30 debe impulsar la aplicación de estas herramientas para que funcionen «con integridad y transparencia», ya que el despliegue de la normativa legal continúa a día de hoy y faltan algunas reglas técnicas por cerrar.

Elvira Carles, directora de la Fundación Clima y Biodiversidad, cree que la cumbre de Belém tendrá que «enfatizar que los instrumentos del Acuerdo de París -entre los cuales hay una referencia explícita a los mercados de carbono en su artículo 6- son herramientas ejecutables” y no deben quedar “sobre el papel».

Ya en la cumbre de líderes de la COP30 de la semana pasada quedó claro que las grandes economías quieren avanzar en esta dirección: la UE, China y Reino Unido fueron algunos de los países que se unieron a la coalición promovida por Brasil para facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación internacional en esta regulación.

La normativa «introduce mayor transparencia y nuevos mecanismos de control» señala la profesora de Finanzas en Esade (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa) y especialista en finanzas sostenibles, Ariadna Dumitrescu, quien señala entre otras ventajas el aporte de credibilidad que suponen, «a diferencia de lo que ocurre en los mercados voluntarios -los no regulados-, que se han visto cuestionados por su falta de garantías».

Son una «herramienta probada y rentable» para reducir los GEI y avanzar hacia la descarbonización y que también permiten acceder a financiación internacional, pero Dumitrescu advierte de que su éxito dependerá de una «regulación rigurosa y de salvaguardas de integridad eficientes».

Las dudas de los ecologistas

Ahí radican las dudas de los grupos ecologistas, como Greenpeace, que poco después de ser aprobada la regulación de Bakú la descalificó tachando los acuerdos de “estafa” porque «permitirán a la industria fósil compensar sus nuevas emisiones» sin cambiar demasiado su actividad.

Así lo afirma el responsable de cambio climático y delegado de Greenpeace España en la COP30, Pedro Zorrilla, quien defiende que “la práctica ha demostrado que no funcionan” por varias razones.

Entre ellas cita la falta de seguimiento a largo plazo de los proyectos que, además, podrían haberse materializado igualmente sin necesidad de los créditos, la sustitución de ecosistemas naturales con plantaciones foráneas o los impactos en la población del Sur global, que «suele ser el escenario de estas iniciativas».

Un mecanismo regulado y único eficaz solucionaría alguno de estos fallos pero el sistema acordado «no llegará a ser lo suficientemente estricto para que funcionen» y, al final “sirve de excusa para seguir emitiendo”.

Los ecologistas ponen como ejemplo el caso de la UE que, para alcanzar su objetivo climático -la reducción del 90 % de emisiones para 2040- ha introducido recientemente «flexibilidades como la posibilidad de cubrir un 5 % de ese recorte por medio de créditos internacionales de carbono», lo que supone una «trampa» en su opinión. EFE

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