Corte Suprema de Paraguay aprueba uso de tobilleras para procesados por cualquier delito

Asunción, 30 jul (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay aprobó este miércoles ampliar el uso de las tobilleras electrónicas en todo el país y para procesados por cualquier delito, luego de que su utilización estuviera limitada a la capital, Asunción, en casos de violencia intrafamiliar o delitos económicos, informó la vicepresidenta del alto tribunal, Carolina Llanes.

La decisión, que incluye casos en «todas las etapas del proceso penal», se adoptó durante una sesión plenaria de la CSJ, que fue transmitida públicamente.

Al intervenir en el encuentro, Llanes recordó que en 2017 se promulgó la primera ley sobre el uso de las tobilleras en la Justicia y que en 2023 se dispuso su implementación progresiva, que finalmente comenzó en febrero 2024 con el Sistema Interinstitucional de Monitoreo y Control Electrónico (Simdec).

La magistrada detalló que esa instancia decidió que el uso de las tobilleras «se limitaría exclusivamente» a Asunción en una primera fase y para acusados de violencia intrafamiliar, ya que se disponía de 20 unidades.

Llanes señaló que desde abril pasado hay 100 dispositivos disponibles, lo que permitió extender su uso a los jueces de garantías en delitos económicos, de ejecución penal y en los juzgados de paz.

Este miércoles, los ministros del Interior, Enrique Riera; de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo, y el de la Niñez y Adolescencia, Wálter Gutiérrez, se reunieron para analizar la ampliación de la aplicación de las tobilleras.

El uso de estos aparatos permitirá «evitar el encarcelamiento preventivo innecesario, aliviar la sobrepoblación penitenciaria y garantizar una respuesta judicial que contemple criterios de proporcionalidad y reintegración social», destacó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Tras el encuentro, Riera alentó a que los jueces y fiscales amplíen el uso de esos dispositivos para «descomprimir» las cárceles de personas que cometieron delitos menores y pueden defenderse en libertad, al tiempo que se facilita que el sistema pueda «separar a procesados de condenados» en los centros de reclusión. EFE

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