Costa de Marfil, cuando «reconciliación nacional» rima con impunidad
¿Cómo perdonar sin saber a quién? En marzo de 2011, en plena crisis electoral, llovían obuses sobre el barrio de Abobo, en el norte de Abiyán. Mathurin Kouassi nunca se ha curado de las heridas y le cuesta aceptar que nadie haya sido condenado.
Su desánimo contrasta con la energía que se desprende de este barrio obrero. Busca las palabras adecuadas para expresar lo que siente, con la mirada perdida.
Un obús cayó cerca de su casa cuando intentaba huir. Una esquirla le hizo perder el uso de la mano derecha. «Ya no puedo hacer nada. Albañilería, imposible. No encuentro un trabajito», relata este hombre de 56 años.
Nunca ha recibido atención médica. «Fue una estampida. En el hospital solo operaban los casos muy graves. No se han ocupado de mí». Más tarde cobró 150.000 francos CFA (230 euros, 278 dólares) del gobierno.
Los hechos se remontan a hace diez años: Costa de Marfil se hundió en una crisis electoral después de que Laurent Gbagbo se negara a reconocer su derrota frente a Alassane Ouattara. Cinco meses de violencia que causaron más de 3.000 muertos en ambos bandos. En Abobo, un barrio considerado pro-Ouattara, se bombardeó un mercado y se atacó a las mujeres mientras se manifestaban.
La crisis condujo a Laurent Gbagbo ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que lo juzgó por «crímenes contra la humanidad» pero lo absolvió en marzo. Después de una década fuera del país, el expresidente regresará el jueves a Costa de Marfil.
Los antiguos adversarios abogan ahora por una «reconciliación nacional».
– Ley de amnistía –
Pocas personas han sido condenadas por la violencia. En abril, un antiguo señor de la guerra en el oeste de Costa de Marfil, Amadé Ouérémi, fue condenado a cadena perpetua por la muerte en un solo día, en marzo de 2011, de 817 personas en Duékoué, en una región considerada pro-Gbagbo.
En 2018 una ley de amnistía condujo a varias liberaciones, como la de Simone Gbagbo, la ex primera dama, en nombre de la «reconciliación nacional».
El bombardeo del que fue víctima Mathurin Kouassi dio lugar a un juicio ante un tribunal militar, pero los acusados fueron absueltos. «Mientras no sepas quién es el responsable, no puedes perdonar», zanja.
Su vecino, Issa Bokoun, propietario de la mezquita de la calle, un edificio imponente en un barrio de viviendas modestas, acusa a las fuerzas pro-Gbagbo. Atacaron la mezquita donde él había alojado a varias personas. Lo consideraron, explica, «sospechoso de albergar a rebeldes».
Él también fue alcanzado por metralla. No pudo caminar durante ocho meses.
Issa Bokoun prestó declaración ante el tribunal militar. «No sabemos por qué fueron liberados. (…) La primera semana, me sorprendió». Poco después, junto con otras víctimas, fue invitado a la presidencia por Alassane Ouattara. «Nos dijo que perdonáramos, por la reconciliación nacional».
– Preparar la reconciliación –
«Nunca sabremos la verdad», se lamenta Aboubakari Sylla, de la asociación de defensa de víctimas Jeruci en Abobo. «Cuando se sabe la verdad, es más fácil perdonar».
En estas condiciones, más allá del barrio de Abobo, muchos dudan que esta reconciliación se mantenga en el tiempo.
«En ausencia de procedimientos judiciales creíbles y de un proceso político que señale lo que no ha funcionado, (…) me temo que no hay motivos para ser optimista sobre la posibilidad de mantener la paz y la estabilidad política durante un largo período», estima Gilles Yabi, fundador del centro de análisis político oesteafricano Wathi.
Las presidenciales del 31 de octubre de 2020, boicoteadas por la oposición y que desembocaron en la reelección de Alassane Ouattara para un polémico tercer mandato, estuvieron marcadas por actos violentos que causaron unos 100 muertos.
En 30 años, ha habido varias leyes de amnistía, señala Issiaka Diaby, del Colectivo de víctimas de Costa de Marfil. «Crea impunidad y abre el camino para otros crímenes».
Con motivo del regreso de Laurent Gbagbo, él piensa ir al aeropuerto y manifestarse por la aplicación de la sentencia del expresidente a 20 años de prisión por «robo» en el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) durante el crisis electoral. Las autoridades han insinuado que esta sentencia será suspendida.