Día de huelga en Grecia contra la nueva ley laboral

Atenas, 10 jun (EFE).- Grecia vive este jueves un día de huelga general declarada por sindicatos de los sectores público y privado contra la nueva ley laboral con la que el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis pretende flexibilizar los horarios de trabajo.

Desde primera hora las líneas de metro y tranvía de Atenas estuvieron paralizadas y los barcos quedaron amarrados en los puertos.

Como los trenes también han secundado la huelga, el único transporte público en funcionamiento son los autobuses, que dan servicio de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Al paro se han unido asimismo los médicos, el personal sanitario de los hospitales, las asociaciones de profesores y los trabajadores de los medios de comunicación, por lo que la mayoría de periódicos, radios y televisiones han detenido su actividad.

A lo largo del día, los sindicatos, partidos de la oposición de izquierdas y grupos del espacio antiautoritario han convocado diferentes manifestaciones por todo el país como muestra de repulsa ante la nueva ley, aprobada ya en comisión parlamentaria y cuya votación en el pleno se espera el 17 de junio.

El Gobierno de la conservadora Nueva Democracia sostiene que esta ley modernizará la legislación laboral, pero para los sindicatos se trata de un ataque sin precedentes contra los derechos de los trabajadores como la jornada laboral de 8 horas, los convenios colectivos o la huelga.

La ley prevé que, previo acuerdo individual entre empleador y empleado, un trabajador pueda trabajar hasta 10 horas al día, aunque respetando las 40 semanales.

Aunque el Gobierno asegura que la flexibilización del horario solo se aplica a petición del empleado, sindicatos y oposición aseguran que en la práctica solo cimenta legalmente una situación que ya existe en la vida cotidiana de cada empleado: el exceso de horas no remuneradas.

Otro de las disposiciones más criticadas de la ley es que convertirá la lnspección de Trabajo en un organismo independiente, que saldrá a concurso público y cuya financiación dejará de depender del Estado.

Los sindicatos critican que este cambio supondrá la degradación de este organismo, vital para que vigilar que se cumplan las disposiciones laborales dentro del marco legal, y una barrera más para que se protejan los derechos de los trabajadores. EFE

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