Defensor de derechos humanos denuncia la expropiación de su vivienda en Nicaragua

San José, 25 sep (EFE).- El defensor de derechos humanos, el nicaragüense Pablo Emilio Cuevas, denunció este miércoles la expropiación de su vivienda, en Managua, por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El activista, exiliado en Estados Unidos y privado de su nacionalidad en febrero de 2023, dijo a periodistas que su casa fue ocupada por la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado en su país.

Cuevas, abogado e integrante de la ilegalizada Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó al portal 100 % Noticias que su vivienda, que valoró en 50.000 dólares (unos 44.880 euros), estaba al cuido de una persona, quien desalojó tras ser amenazado.

«Es un robo porque se omitieron todos los procedimientos que manda la Constitución Política de Nicaragua», que prohíbe la confiscación, dijo, por su lado, al diario La Prensa.

Cuevas, que tiene 20 años de ser defensor de los derechos humanos, comentó que «es triste ver cómo se apropian de todos los años de trabajo honrado».

No obstante, agregó, «esto también me confirma que estoy del lado correcto de la historia”, y que pese a perder su vivienda seguirá defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses.

Advierten de deuda pública

Las autoridades de Nicaragua han ordenado privar de su nacionalidad y de sus bienes a un total de 452 nicaragüenses en los últimos dos años, muchos abiertos críticos con el Gobierno sandinista que los acusa, entre otros delitos, de traición a la patria.

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado.

Esa investigación señala que las «ilegales confiscaciones de bienes» constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.

La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el período de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.

Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Gobierno sandinista, que va de 2007 a la fecha, y que denominaron «La nueva piñata Ortega Murillo», se han confiscado bienes y propiedades a oenegés, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica o medios de comunicación, entre otros.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.EFE

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