Denuncian «deficiencias» en Procuraduría salvadoreña en defensa de «víctimas» de régimen

San Salvador, 8 may (EFE).- Abogados de organizaciones no gubernamentales denunciaron este jueves «deficiencias» en la Procuraduría General de El Salvador en la defensa de «víctimas» del régimen de excepción, medida implementada desde hace tres años en el país centroamericano contra las pandillas.

Los abogados Alejandro Díaz y Ovidio Mauricio, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, y representantes del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) entregaron en la sede de la Procuraduría, en San Salvador, un escrito en las que expusieron estas deficiencias.

Díaz explicó a periodistas que en el escrito, dirigido al procurador general, Rene Gustavo Escobar, se expone principalmente la deficiencia en el trabajo de los abogados públicos asignados a personas detenidas en el contexto del régimen de excepción.

Señaló que la Procuraduría «lleva el 80 % de representación legal en un igual porcentaje de casos», por lo que es «importante que esta institución garantice, a tres años de régimen, diligencia y respuesta a las familias de las personas detenidas arbitrariamente».

«Solicitamos que se agilice la atención, que se fortalezca la procuraduría, que en los últimos meses se ha debilitado y ha despedido a defensores públicos», dijo.

El letrado Ovidio Mauricio denunció que los abogados públicos de esta institución «no están cumpliendo con el papel que les corresponde», más bien «parecen cómplices de quienes están reprimiendo a la población».

Apuntó que «algunos defensores públicos no exigen pruebas contundentes, no reciben la documentación que los familiares de las personas detenidas presentan para comprobar la inocencia de su pariente y eso les vuelve cómplices».

«La misión del a procuraduría es defender a los pobres, a los marginados, a los vulnerables», añadió.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 30 de abril la prórroga 38 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para «combatir» a las pandillas, por «la aún existencia de grupos terroristas» en el país, por lo que algunas garantías constitucionales siguen suspendidas por un período de al menos 30 días más. EFE

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