Diversas voces políticas colombianas rechazan el decreto sobre la consulta popular

Bogotá, 11 jun (EFE).- Expresidentes de Colombia, así como políticos y organizaciones sociales, rechazaron este miércoles la decisión del presidente Gustavo Petro de firmar el decreto que convoca la consulta popular sobre la reforma laboral y coincidieron en que es arbitrario e incluso pone en riesgo la democracia.

«Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República», manifestó en su cuenta de X el expresidente Iván Duque (2018-2022).

La consulta popular convocada hoy mediante decreto por Petro para buscar la aprobación de su reforma laboral, que fue rechazada en el Senado, se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día en que el mandatario entra en el último año de su Gobierno.

Duque añadió que la Organización Electoral tiene el «deber de negarse a convocar la consulta ilegal, y el Consejo de Estado debe hacer cumplir sus dictámenes».

«Esperamos que la Corte Constitucional no se preste para este acto arbitrario que pone en riesgo nuestra democracia. Colombia no es una dictadura, y nadie puede pretender, desde la Casa de Nariño, imponer sus caprichos», finalizó Duque.

Al respecto, Petro dijo que envió a la Corte Constitucional el decreto para que ese alto tribunal lo estudie y establezca si está en concordancia con la Constitución.

Más voces en contra

El exministro liberal Juan Fernando Cristo, que hasta hace unos meses hizo parte del gabinete de Petro, afirmó hoy que era innecesario expedir el decreto porque «desconoce la decisión del Senado frente a la consulta y la competencia de la rama judicial para revisar esa decisión».

«Es un decreto inconstitucional y una grave equivocación que fija un pésimo precedente para la separación de poderes en el país. Con seguridad, antes del 20 de junio, en la plenaria del Senado, y después en la conciliación con la Cámara, se aprobará una buena reforma laboral que restablecerá los legítimos derechos de los trabajadores. Hay grandes consensos sobre el texto», aseguró en redes sociales Cristo.

A propósito de la reforma laboral, hoy comenzó la discusión en la plenaria del Senado de una nueva versión de esa iniciativa. La corporación se comprometió a sacar la iniciativa pronto para lograr la conciliación de la propuesta con lo que votó la Cámara hace seis meses.

En ese contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés, aseguró que sus copartidarios se retiraban de la plenaria de la cámara baja como forma de protesta porque «Petro viola la ley y pasa por encima del Congreso al firmar el decreto de consulta popular que fue negada por el Senado. Se convierte en un dictador».

«Vamos a demandar el ‘decretazo’ de Petro ante el Consejo de Estado por su evidente inconstitucionalidad. Pediremos su suspensión inmediata. Además, iniciaremos acciones penales contra los ministros que lo firmaron por prevaricato. Nadie puede pisotear la democracia impunemente», puntualizó Garcés.

A los anteriores se sumó el exministro y analista político Héctor Riveros, quien aseguró que Petro «decidió que la marca de su Gobierno sea la deriva autoritaria. Será la mancha con la que la historia identificará su periodo, equivalente al fraude electoral de (Misael) Pastrana, al estatuto de seguridad de (Julio César) Turbay, al 8.000 de (Ernesto) Samper, a los falsos positivos de (Álvaro) Uribe».

Primera tutela

Además del control que hará la Corte Constitucional, el decreto firmado por Petro convocando la consulta tendrá que enfrentar las demandas anunciadas por los partidos.

Hoy mismo fue radicada en el Consejo de Estado —máximo tribunal de lo contencioso administrativo— una tutela (recurso de amparo) contra el «decretazo».

La acción fue presentada por el abogado Germán Calderón España, quien alega que se están violando varios derechos porque se desconoció que el Senado emitió un concepto desfavorable para la convocatoria de una consulta popular, el derecho al debido proceso y se vulneran las reglas que regulan la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. EFE

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