Suiza se opone a un acceso equitativo a beneficios de la ciencia

En Suiza, como en otros países, la sociedad civil se ha manifestado para exigir que se renuncie a la propiedad intelectual de las vacunas y tecnologías COVID-19. En la imagen, protesta el 30 de noviembre de 2021, en Ginebra, frente a la sede de la Organización Mundial del Comercio. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La pandemia de COVID-19 reabrió el debate sobre el acceso a los beneficios de la ciencia como derecho humano. Miles de millones de seres humanos en el mundo todavía no tienen acceso a las vacunas y otros tratamientos esenciales, lo que origina un problema de salud pública. Los países ricos, entre los cuales se encuentra Suiza, presionan para conservar su acceso privilegiado a los descubrimientos científicos.

En nombre de los derechos sociales y culturales, en 1948 se inscribió la igualdad de participación al «…progreso científico y a los beneficios que de él resulten » en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 27Enlace externo). Se trataba entonces de evitar la repetición de los errores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante ese oscuro capítulo de la historia, la ciencia fue instrumentalizada con fines políticos, económicos y bélicos, provocando muerte y destrucción. Esa coyuntura marcó el nacimiento del «derecho a la ciencia», el cual debería ser garantizado por todos los Estados, al mismo nivel que la libertad de expresión o el derecho a un proceso justo.

Sin embargo, el derecho a la ciencia está lejos de ser reconocido universalmente: millones de personas no tienen acceso a las vacunas ni a los medicamentes eficaces y seguros, como sucedió especialmente durante la pandemia causada por el coronavirus. Esta situación persiste pese a que las vacunas llegaron al mercado en tiempo récord gracias a las inversiones públicas y al intercambio de conocimientos científicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la alianza público-privada mundial para las vacunas, GAVI, declararon que las vacunas contra la COVID-19 constituían un bien público mundial, pero no lograron asegurar que fueran distribuidas equitativamente a través del mecanismo COVAX, creado precisamente con ese objetivo. Como resultado, solo el 15% de las personas que viven en los países de bajos ingresos recibieron al menos una dosis. Porcentaje que contrasta con el 72% de los individuos vacunados en las naciones de alto ingreso.

Esta desigualdad de acceso al progreso científico no es solo injusta, sino que plantea también un grave problema de salud pública.  “La ciencia, como derecho humano, constituye un bien público individual y colectivo y debería ser accesible a todas y todos”, señala Andrea Boggio, profesor de Estudios Jurídicos de la Universidad Bryant, de Estados Unidos.

Pero es justamente aquí donde se ubica el principal obstáculo. Más de dos años después del inicio de la pandemia, se constata que los gobiernos de los países ricos, como Suiza, no tienen la intención de renunciar a su acceso privilegiado a los medios que podrían salvar millones de vidas y preservar la salud pública global.

Los privilegios, a la basura

Suiza jugó un rol importante en la promoción del acceso a las vacunas COVID-19. No solo por el hecho de que la OMS y GAVI tienen sede en Ginebra, sino también porque en mayo de 2020, la empresa química Lonza, con sede en Basilea, firmó un contrato de 10 años con Moderna para fabricar y distribuir su vacuna ARN mensajero fuera de los Estados Unidos.

Sin embargo, a nivel nacional, la campaña de inmunización no produjo los éxitos previstos: la población demoró en convencerse como resultado de un cierto escepticismo hacia las vacunas y a una relativa desconfianza con respecto a las medidas promovidas por el Gobierno. Resultado de esta situación, Suiza cuenta con la tasa más baja de personas vacunadas contra la COVID-19 en Europa Occidental.

Por otra parte, Suiza no supo coordinar los esfuerzos para ofrecer sus dosis no utilizadas a los países que las necesitaran: el Consejo Federal (Gobierno) anunció a fin de octubre que hasta marzo tendrían que arrojarse a la basura 14 millones de vacunas caducasEnlace externo. Realidad definida como “vergonzosa” por Andrea Boggio.

La propiedad intelectual, una amenaza contra la salud pública

Uno de los nudos más difíciles de deshacer para que el acceso a los beneficios de la ciencia constituya un derecho universal atañe a las patentes sobre descubrimientos científicos, que siguen impidiendo a los países más pobres producir por sí mismos y a menor costo las vacunas y otros productos médicos necesarios.

“La forma en que gestionamos la propiedad intelectual durante la pandemia de COVID-19 es completamente errónea”, afirma Gabriela Ramos, subdirectora general adjunta para las Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO. Las disposiciones sobre propiedad intelectual permitieron a empresas como Pfizer/BioNTech y Moderna mantener el control sobre la producción y distribución de vacunas contra el coronavirus.

Y esto a pesar de que esas dos empresas recibieron fondos públicos sustancialesEnlace externo para desarrollar sus tecnologías. La revista Scientific American identifica montos de más de 430 millones de dólares de Alemania y 110 millones de dólares provenientes de la Unión Europea destinados a BioNTech y alrededor de 2,5 billones de dólares de parte de Estados Unidos para Moderna. “Las inversiones realizadas con el dinero de los contribuyentes son privatizadas y originan beneficios de millones de dólares a ambas empresas las cuales, invocando los derechos de propiedad intelectual, impiden la distribución equitativa de las vacunas. Es injusto”, subraya Gabriela Ramos.

Pfizer/BioNTech y Moderna afirmaron, en su defensa, que el desarrollo de sus vacunas fue posible gracias a inversores privados que asumieron riesgos y que el abandono de las patentes comprometería el futuro apoyo de dichos inversores. Ambas empresas vieron explotar sus ingresos en 2021: aumentos de 495 millones de dólares en 2020 a 19 500 millones para BioNTech y de 803 millones a 18 500 millones para Moderna.

En octubre de 2020, India y Sudáfrica, con el apoyo de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), todos de bajos ingresos, solicitaron la suspensión temporal de las patentes de vacunas, fármacos y otros dispositivos de diagnóstico relacionadas con la COVID-19 mientras durara la pandemia y hasta lograr la inmunidad colectiva mundial.

Estos países lucharon durante más de un año y medio, pero el acuerdo alcanzado en junio de 2022, en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en Ginebra, les dejó un sabor amargo. La fuerte oposición, en particular de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido, hizo imposible suspender las patentes.

A cambio, el acuerdo concede a determinados países el uso de licencias de vacunas a un costo inferior y solamente durante cinco años -excluyendo las licencias sobre otros medicamentos o dispositivos para luchar contra el coronavirus-, lo que no supone una gran diferencia respecto a las exenciones de emergencia ya concedidas a través de los acuerdos existentes.

Según informes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), como OxfamEnlace externo y Emergency, Suiza se encuentra entre los países que más hicieron para fragilizar el texto del acuerdo. La delegación helvética, por su parte, lo calificó de “exitoso”.Enlace externo

“Creo que este es el peor ejemplo de cómo se debería tratar el derecho a la ciencia”, evaluó Gabriela Ramos, comentando las negociaciones sobre patentes. Según la alta funcionaria de la UNESCO, el hecho de que los gobiernos estén dispuestos a anteponer los beneficios de las empresas farmacéuticas a la salud de la gente explica también por qué aumenta la desconfianza hacia la ciencia.

Suiza no constituye un modelo

Suiza no parece ser un modelo de derecho de acceso a los beneficios de la ciencia, a pesar de albergar importantes instituciones como la sede europea de las Naciones Unidas, muchas de sus agencias especializadas y también instancias internacionales como la Fundación Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA). Y no es un modelo no solamente por su acérrima defensa de la propiedad intelectual sino también porque a los ciudadanos suizos les resulta difícil hacer valer este derecho a la ciencia en los foros internacionales.

“La protección de los derechos sociales y culturales en Suiza es notoriamente insuficiente”, afirma Samantha Besson, especialista en derechos humanos y profesora de la Universidad de Friburgo. A pesar de los reiterados recordatorios de los órganos específicos de las Naciones Unidas dedicados a los derechos humanos, Suiza no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Enlace externo

Samantha Besson cree que la presión de la política y de la “economía de la investigación” (es decir, el sector que utiliza la investigación para obtener ganancias comerciales) es demasiado fuerte para que Suiza decida en un futuro próximo reforzar legalmente el derecho a la ciencia. 

Por supuesto, la sociedad civil suiza dispone al menos de los instrumentos de la democracia directa para hacer oír su voz. Pero, según Samantha Besson, esto no basta para garantizar que se aplique realmente el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Editado por Sabrina Weiss

Adaptado del francés por Sergio Ferrari