El canciller de Guatemala lleva a la OEA el pulso político con la fiscalía
El pulso político en Guatemala con la fiscal general Consuelo Porras llegó este miércoles a la OEA, con una presentación solicitada por el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la que también participó una magistrada electa de ese país.
Porras, que hace dos años intentó impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo, mandó a fuerzas policiales durante una votación para elegir a uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad el pasado 12 de febrero.
La fiscal, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran «corrupta» y «antidemocrática», perdió esa elección, pero no descarta ser postulada por otra entidad para llegar al máximo tribunal del país.
Ante el Consejo Permanente de la OEA reunido en la sede del organismo en Washington, el canciller guatemalteco denunció especialmente los incidentes registrados durante la votación en el Colegio de Abogados.
«Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios», declaró Martínez vía teleconferencia.
«Estamos jugándonos la institucionalidad democrática en este país», aseguró el canciller, que había pedido al órgano ejecutivo de la OEA abordar el choque de poderes.
Guatemala inició en enero el proceso para renovar a los miembros de instituciones clave del poder judicial, como su máxima corte y la Fiscalía, que durante años han estado bajo sospecha de proteger un entramado de corrupción y criminalidad.
Este año también serán elegidos los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que organizará las elecciones generales de 2027, de una lista de candidatos presentada por directivos de universidades y el gremio de abogados.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, denunció este miércoles que las autoridades universitarias «abrieron las puertas a «organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE».
– Más líos para la fiscal –
Durante la sesión de la OEA, la recién elegida magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus, describió su inquietud ante los intentos de la fiscal Porras de perturbar la renovación de la alta corte y de otros organismos.
Porras quiere entrar en la alta corte antes de que finalice su mandato, el 17 de mayo, lo que según sus críticos apunta a garantizarse inmunidad frente a eventuales procesos legales.
La fiscal sumó el martes un nuevo conflicto, al ser vinculada por expertos de la ONU a un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980, lo que Porras tildó de «acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas».
Lemus subrayó que las elecciones en marcha «son especialmente sensibles para el equilibrio democrático del país».
«Sin embargo, existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos, quizá por la renovación que la dirección de ese órgano Constitucional va a imprimir», añadió.
Fue una «actuación grotesca e intimidante» que «aún a la fecha no se ha explicado», criticó la magistrada designada por el gremio de abogados sobre el allanamiento.
La fiscalía dirigida por Porras aseguró que había recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en el proceso de renovación del máximo tribunal.
– «Denuncias no verificadas» –
También participó en la teleconferencia la presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala, Patricia Gámez.
«Ante estas denuncias no verificadas debieron privilegiarse los canales institucionales ordinarios y la verificación previa de su procedencia», denunció Gámez.
A la Corte de Constitucionalidad se la conoce como la «corte celestial» por sus fallos inapelables, y las elecciones son seguidas con atención por organismos de derechos humanos internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Seamos claros: la transparencia, el pleno cumplimiento de las normas de procedimiento, el acceso a la información pública y la participación ciudadana no son simplemente buenas prácticas, son salvaguardias esenciales» alertó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.
La OEA mantiene una misión de monitoreo en Guatemala que proseguirá sus trabajos, precisó.
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