
El expresidente peruano Martín Vizcarra será trasladado a una prisión común

La autoridad penitenciaria de Perú anunció este viernes el traslado del expresidente Martín Vizcarra de una cárcel para exgobernantes a una común, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cuando fue gobernador.
Ex jefe de Estado entre 2018 y 2020, Vizcarra estaba recluido desde el 14 de agosto en una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
«Se ha dispuesto su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II», anunció el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.
Una junta técnica de ese organismo, dependiente del ministerio de Justicia, fue la encargada de evaluar qué prisión le correspondía, sin ofrecer de momento precisiones.
La defensa reaccionó airada. «El Presidente del INPE y su ‘Junta Clasificadora’ tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables», protestó Alejandro Salas, abogado del expresidente, en X.
Según Salas, la medida responde a una «persecución política y a una tortura psicológica» contra su cliente.
El exmandatario de 62 años fue enviado a prisión preventiva por un juez alegando «peligro procesal y de fuga».
Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio en un caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).
La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua, en la costa sur de Perú.
La Defensoría del Pueblo había exhortado el jueves al INPE a no trasladar de prisión a Vizcarra «por razones de seguridad (…) dada su calidad de Expresidente de la República».
Vizcarra, quien era vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ocupó la presidencia por dos años, tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.
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