El Gobierno de Perú crea un grupo de trabajo para elaborar nueva Ley de Soberanía Nacional

Lima, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Perú creó este jueves un grupo de trabajo multidisciplinar encabezado por el Ministerio de Defensa que formulará un proyecto de la Ley de Soberanía Nacional, y se encargará de «analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual».

La decisión del Ejecutivo fue oficializada a través de una resolución ministerial que apunta que este grupo «de naturaleza temporal» establecerá un marco jurídico que regule las acciones para garantizar la defensa e intangibilidad del país.

También establecerá un plan de trabajo que contenga las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y formular la propuesta del proyecto legislativo y su correspondiente exposición de motivos.

Está integrado por representantes del Ministerio de Defensa, quien lo preside, del Comando Conjunto y de las Fuerzas Armadas, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos y del Interior.

«El grupo de trabajo tiene un plazo de vigencia de 60 días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación de la presente resolución ministerial, fecha en la cual presentará el informe final al titular del Ministerio de Defensa», reza la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció este miércoles la creación de esta iniciativa «para defender la soberanía nacional» en un acto oficial celebrado en Palacio de Gobierno junto a representantes policiales y militares.

«Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas», señaló.

Por este motivo, dijo que se requiere de «una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea», para que Perú reafirme, «sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino».

Aunque la resolución ministerial no menciona en ningún punto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ni Boluarte tampoco se refirió a este tribunal en su discurso, la posición del Gobierno plantea una eventual salida del Pacto de San José, que estableció este tribunal.

La eventual salida de Perú de la Corte IDH es una antigua demanda de grupos conservadores del país, la mayoría de derecha que, según su criterio, consideran que las resoluciones del tribunal han tendido a favorecer a procesados por terrorismo, como cuando anuló los juicios llevados a cabo por «jueces sin rostro» (con identidad oculta) a ‘senderistas’ y ‘emerretistas’.

Esta postura ha tomado fuerza en el Ejecutivo después de que Boluarte promulgara a mediados de agosto una amnistía para policías, militares y civiles de los comités de autodefensa procesados e incluso condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La mandataria suscribió la amnistía aprobada por el Congreso pese a que la Corte IDH le había exhortado a que suspendiera su tramitación, lo que Boluarte consideró como una ofensa a la soberanía nacional y su ministro Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que han comenzado a valorar la posibilidad de salirse del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Trinidad y Tobago y Venezuela.

«No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático», dijo Boluarte unos días antes de promulgar la ley. EFE

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