El Gobierno peruano rechaza la demanda del «terrorista» condenado Víctor Polay en la CIDH

Lima, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Perú rechazó hoy la demanda del fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, condenado a prisión, presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y anunció una respuesta «contundente» del Estado contra las pretensiones del «terrorista».

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó «indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay» en la red social X (antes Twitter).

«Desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, otrora bastión del narcoterrorismo, he dispuesto que el Ministerio de Justicia organice una respuesta contundente del Estado», añadió al llegar en visita de trabajo a esa localidad del centro del país.

Boluarte remarcó que «ni un sólo sol del erario público será para pagar a terroristas», pues «el dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos», en alusión a las pretensiones de la demanda de Polay.

A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que convocará este viernes a los titulares del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General del Estado, al procurador Público Especializado Supranacional, al procurador antiterrorismo del Ministerio del Interior y a los sectores involucrados en la defensa del Perú ante la CIDH, en mensaje compartido en la red X.

«La posición y respuesta del Estado serán contundentes frente al burdo petitorio del terrorista Polay Campos», remarcó el primer ministro.

Polay, de 72 años, fue condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel, después de haber dirigido las actividades del MRTA entre los años 1980 y 1992, cuando fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales.

Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa entró en la residencia del embajador japonés en Lima para tomar cientos de rehenes en 1996, pero sus miembros fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.

El exlíder de MRTA presentó una demanda en la CIDH (aceptada el año pasado, según se conoció esta semana en Lima) porque considera que se violaron sus derechos fundamentales en el momento de ser detenido y que su reclusión en la Base Naval de El Callao violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.

El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas. EFE

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