El jefe de misión para España del FMI pide flexibilidad al aplicar la reducción de jornada

Washington, 6 jun (EFE).- El eventual recorte de la jornada laboral a 37,5 horas que promueve el Gobierno español debería «dejar un amplio margen para la negociación colectiva en su implementación», señala en una entrevista con EFE el jefe de la misión para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), Romain Duval.

«Si nos fijamos en experiencias pasadas, como en Francia a finales de los noventa, hay algunas lecciones bastante interesantes», explica Duval en referencia a la conocida como «ley Aubry», que impuso la jornada de 35 horas semanales y cuyos efectos, incluidos el incremento de costes para empresas y sector público, aún generan controversia en ese país.

El economista considera que «el sistema de negociación colectiva español funciona bien y puede hacer un excelente trabajo» a la hora de mantener cierta flexibilidad «para asignar el total de horas a lo largo del año», y también para fijar el nivel total de las horas extra y su remuneración, que opina que actualmente es «muy estricto» por estar «limitado a un nivel muy bajo».

En lo que respecta a los argumentos del Gobierno sobre que en España la implantación de las 37,5 horas será poco traumática debido a que la media nacional ya se acerca a esa cota, Duval cree que esa situación varía por industrias y que, de nuevo, la negociación de los convenios debe de jugar un rol clave para garantizar una implementación flexible «considerando escenarios más específicos y en diferentes sectores».

«Es cierto que el número efectivo de horas de trabajo ya está por debajo de las 40 horas, que en algunos sectores la reforma probablemente tendrá efectos mínimos, pero en otros, no. En otros, como la hostelería, la restauración y otras industrias, tendría un impacto significativo» si no se permiten márgenes para la negociación, opina.

Aumentar el periodo de cálculo de las pensiones

El informe publicado este viernes por el FMI tras las últimas consultas con las autoridades españolas pone también el acento en la creciente brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones de la seguridad social, que augura un incremento de la presión sobre las cuentas públicas.

Duval apunta que el informe considera que el aumento en las cotizaciones que implicaría una futura activación de la llamada cláusula de salvaguarda del sistema de pensiones «sería perjudicial para el empleo» y que convendría apostar por un «conjunto más equilibrado de opciones» que implique combinar subidas impositivas con un retraso en la edad de jubilación y una reducción de la tasa de reemplazo.

En ese último punto, el documento destaca la necesidad de prolongar el período de cotización para el cálculo de las pensiones, como se hace en la mayoría de las economías avanzadas.

«Esa es una de las razones por las que la tasa de reemplazo en España es más de 15 puntos porcentuales superior a la media de otros países de la eurozona. Por eso decimos que se podría alargar el período de cotización para el cálculo de la pensión y que esa sería una opción para que el sistema de pensiones se asentara sobre una base más sostenible», argumenta Duval.

Más suelo para vivienda y agilizar trámites

El informe toca también la creciente preocupación por la subida de los precios de la vivienda en España, «uno de los más altos de Europa», destaca el economista.

«La forma de abordar esta crisis es impulsando principalmente la oferta de vivienda, especialmente en lugares donde el suelo disponible para la construcción es realmente escaso y no responde a la subida de precios», destaca Duval, que subraya la necesidad de agilizar la concesión de permisos para la construcción a la hora de reformar la Ley de Suelo.

«En España, todo este proceso (de obtención de licencias) puede llevar años, a lo que se suma la incertidumbre jurídica. Y eso desalienta la inversión en construcción», dice el jefe de misión, añadiendo que esa lentitud explica en parte por qué, aunque los precios de la vivienda están subiendo drásticamente, no se ha visto una respuesta del sector para elevar la oferta.

El economista asegura que el organismo espera que se materialice la reforma que ha impulsado el Gobierno para la llamada Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un plan, dice, sobre el que «debería haber consenso político al respecto en España». EFE

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