El Parlamento italiano da el primer paso para acotar la relación entre política y ‘lobbys’
Roma, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Italia ha dado este jueves el primer paso para aprobar una ley sobre los ‘lobbys’ o grupos de presión privados, que estarán obligados a agendar en un registro público sus encuentros con políticos, entre otras disposiciones.
La Cámara de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley con los 122 votos a favor de la coalición derechista del Gobierno de Giorgia Meloni, y con 104 abstenciones de la oposición, con lo que el texto deberá ahora pasar al Senado para completar su tramitación.
La conocida como ‘Ley de Lobbys’, propuesta en vano varias veces en los últimos años, trata de aclarar los vínculos posibles entre la política y los representantes de intereses privados en el país.
«La creciente implicación de grupos de presión, organizaciones no gubernamentales y empresas en el proceso de gestión pública requiere una regulación clara y eficaz», alega en el texto su promotor, el diputado de la conservadora Forza Italia, Nazario Pagano.
El Tribunal Constitucional de Italia se pronunció sobre este tema el pasado diciembre al calificar de «legítima» la reforma contra el delito de tráfico de influencias, pero al mismo tiempo lamentaba la ausencia de una ley sobre estos grupos de presión.
La ley se fija como objetivos «garantizar la transparencia de las tomas de decisiones» en la vida pública y «asegurar el conocimiento de la actividad de los sujetos que influyen» en la misma.
En primer lugar define a los grupos de presión como «sujetos que ejercen una actividad de representación de intereses de relevancia, incluso no generales o de naturaleza no económica, para promover el inicio de procesos de decisión pública», tratando de influirlos.
Y por otro lado estipula qué se entiende por «tomadores de decisiones» públicas: diputados, senadores, miembros del Gobierno, presidentes y consejeros regionales y de provincias, alcaldes y concejales u otros representantes de entes estatales o públicos.
Uno de los puntos más destacados del proyecto en la institución de un «Registro público para la transparencia de la actividad de representación de intereses», que estará gestionado desde el Consejo Nacional para la Economía y el Trabajo (CNEL).
En este registro cada ‘lobby’ no solo deberá incluir los datos de sus agentes sino que estará obligado a anunciar, cada semana, la agenda de sus encuentros con representantes públicos.
Todo este sistema estará supervisado por un comité compuesto por nueve miembros y que se renovará cada dos años.
El proyecto prevé sanciones a aquellos ‘lobbys’ o representantes de intereses privados que contravengan sus disposiciones y su código deontológico, que van desde multas de 5.000 euros para quienes oculten información hasta la suspensión o cancelación del registro. EFE
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