El presidente tunecino advierte de consecuencias frente a cualquier «injerencia» externa
Túnez, 28 nov (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, advirtió de que habrá consecuencias para los organismos internacionales o países acreditados en la nación magrebí que el Gobierno considere que incurren en «injerencias» o violan la «soberanía», según una nota del Gobierno, difundida este viernes en Facebook.
Kais afirmó, días después de haber convocado al embajador de la Unión Europea en Túnez, Giuseppe Perrone, para reprender su «incumplimiento diplomático», que «se enviará una protesta firme e inmediata» a las misiones que «no respeten las normas diplomáticas y la soberanía del país».
Este miércoles, el Gobierno publicó una nota en la que informaba de la «enérgica protesta» transmitida a Perrone, por lo que consideró una «actuación fuera de los marcos oficiales reconocidos en las normas diplomáticas», dadas sus funciones en misión especial de la Unión Europea ante el Estado tunecino y sus instituciones oficiales.
No obstante, el Ejecutivo -que explicó que el embajador fue recibido por el propio Said- no facilitó más información sobre los motivos concretos de la amonestación ni de los hechos que derivaron en la protesta.
También fue convocada por el Gobierno la embajadora de Países Bajos en Túnez, Josephine Frantzen, para expresarle «una firme protesta por su incumplimiento de las reglas del trabajo diplomático y para pedirle que respete las prácticas diplomáticas y no interfiera, de ninguna manera, en los asuntos internos».
Este jueves, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Túnez, que refleja la «profunda preocupación» de los eurodiputados ante el «deterioro de las libertades fundamentales» en el país.
El Europarlamento condenó, mediante un comunicado, las detenciones «arbitrarias» y el acoso judicial al que se ven sometidos los calificados como «presos políticos».
«Las autoridades tunecinas deben salvaguardar y proteger la libertad de reunión y expresión, así como la independencia del poder judicial consagrada en la Constitución de Túnez», subrayó la nota.
Los parlamentarios instaron, además, a derogar el controvertido decreto-ley 54, promulgado en septiembre de 2022, centrado en los delitos relativos a los sistemas de información y comunicación, al considerar que «se ha convertido en un instrumento para interferir en las libertades fundamentales».
Ante esta situación, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que responda a la presión del Gobierno «sobre los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil» y reclama atención frente al «empeoramiento del clima de derechos humanos en Túnez» que requiere «esfuerzos diplomáticos coordinados para garantizar la liberación de los detenidos políticos».
La resolución alertó a Said, quien consideró que los debates del Europarlamento sobre asuntos tunecinos «son una injerencia flagrante en la soberanía nacional». EFE
sb/lfp/jlp
