El TEDH desestima demanda de tres separatistas catalanes encarcelados en 2017
España no violó los derechos fundamentales de Oriol Junqueras y otros dos independentistas catalanes que impugnaban su prisión preventiva por su papel en el fracasado intento de secesión de 2017, falló este jueves la justicia europea.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó por unanimidad las demandas de Junqueras, de Jordi Turull –otra figura destacada del entonces gobierno regional de Carles Puigdemont– y de Jordi Sànchez, líder de una asociación independentista.
El 1 de octubre de 2017, el gobierno catalán organizó un referéndum sobre la independencia pese a que la justicia española lo había prohibido, desencadenando una grave crisis política.
El gobierno español dirigido por el conservador Mariano Rajoy destituyó al ejecutivo catalán, y Puigdemont y otros miembros de su gobierno se marcharon a Bélgica para esquivar las acciones judiciales en España.
Otros permanecieron en el país. Varios de estos últimos, entre ellos los tres demandantes, fueron puestos en prisión preventiva y procesados después por rebelión.
En 2019 fueron condenados a penas de 9 a 13 años de prisión, principalmente por sedición, un delito castigado de manera menos severa que la rebelión.
El actual jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, los indultó en 2021 y eliminó el delito de sedición, medidas criticadas por la oposición de derecha como concesiones a los separatistas a cambio de su apoyo en el Parlamento.
En su fallo, el TEDH, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, considera que los riesgos de fuga y reincidencia de los demandantes eran evidentes y justificaban su prisión preventiva.
La corte paneuropea concluye que los independentistas encarcelados no eran «presos políticos» como afirmaban, «ya que su ideología no fue (…) la causa de su prisión preventiva».
«El Tribunal también concluyó que no hubo arbitrariedad» en su encarcelamiento, señalaron los jueces, destacando su «proporcionalidad en vista, entre otras cosas, de la gravedad de los delitos en cuestión y del daño a los valores fundamentales del Estado de derecho que implicaban».
Los separatistas, sin embargo, pretenden mantener su batalla judicial.
«Mi encarcelamiento en medio del debate de investidura respondió a criterios políticos para descabezar (…) al movimiento independentista», mantuvo este jueves Turull, en referencia a su detención en marzo de 2018, cuando optaba a la presidencia de la región tras un primer paso por prisión preventiva.
«Persistiremos hasta que veamos ganados nuestros derechos», agregó ante los periodistas en Barcelona.
En 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había considerado que España violó los derechos políticos de Junqueras y Turull, así como de otros dos miembros de su gobierno regional, al destituirlos antes de su condena.
«El proceso judicial en el ámbito internacional en defensa de los derechos políticos de los independentistas sigue abierto», consideró de su lado ERC, el partido de Oriol Junqueras, en un comunicado en el que subrayó que «esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
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