![El cuadro "Sonntag der Bergbauern" [Domingo de los campesinos de montaña, 1923-24/26], de cuatro metros de largo, tuvo que ser retirado con una grúa de la Cancillería alemana en Berlín para su exposición en Berna.](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2025/12/01_Pressebild_KirchnerxKirchner.jpg?crop=1165px,0px,1670px,1670px&w=480&ver=9ea46444)
España destaca que Cobra hizo estudios del impacto de Renace en Guatemala
Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno español defiende su labor para que las empresas nacionales apliquen el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en sus inversiones en terceros países, y pone en valor la actuación del Grupo Cobra en un proyecto en Guatemala.
En una contestación escrita a una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo explica que la aprobación del complejo hidroeléctrico Renace, en ese país centroamericano, se produjo antes de la entrada en vigor de ese convenio para Guatemala, y que, independientemente, Cobra, filial de la española ACS, elaboró una serie de estudios de impacto medioambiental.
El visto bueno a Renace, que llegó antes de la vigencia del Convenio 169 de la OIT, dio lugar a un procedimiento judicial para dilucidar si el documento de la OIT era aplicable o no.
Ese convenio recoge el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
En abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas era el único competente para realizar la consulta prevista por el texto, y que la sociedad Renace «había obrado de buena fe», relata el Gobierno español.
Con independencia de todo ello, durante su participación en el proyecto, Cobra «elaboró una serie de estudios de impacto ambiental que remitió al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala» para que éste pudiera realizar «un informe, en el que se detallaran las repercusiones ambientales del complejo».
Así pues, los restantes procedimientos de consulta «correspondían a entidades de Guatemala».
El proyecto, en el que el Grupo Cobra participaba como subcontrata de ACS en varias de las cinco fases, recibió la oposición de grupos ecologistas. Según cálculos de Greenpeace, estas obras afectaban a más de 29.000 indígenas.
El 2 de noviembre de 2017, entidades sociales guatemaltecas entregaron 25.552 firmas en la sede de ACS, en Madrid, para pedir el fin de la construcción.
El Ejecutivo español insiste en que tanto la embajada de España como otras instituciones nacionales han venido siguiendo el proyecto Renace.
En este sentido, recuerda que España exige que las empresas españolas cumplan «con los más altos estándares internacionales e incluso requieran a sus socios locales que los cumplan».
El pasado diciembre, ACS cerró la operación de venta de la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci por 4.902 millones de euros, con una plusvalía neta de 2.900 millones. EFE
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