España no ha pedido el informe legal en Bruselas sobre la oficialidad lingüística en la UE
Bruselas, 19 mar (EFE).- El Gobierno de España, que este martes insistió ante sus socios europeos en el «interés nacional» para aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, no ha solicitado aún un informe a los servicios jurídicos del Consejo de la UE que avalen la legalidad de la medida, dijeron a EFE distintas fuentes europeas. A la espera de ese informe, que aclare las dudas legales que distintos países europeos tienen sobre la propuesta española, será difícil volver a tratar la cuestión a nivel político, aseguraron las citadas fuentes. El Gobierno pidió hace dos semanas incluir este asunto en el orden del día de la reunión que mantuvieron hoy en Bruselas los ministros de Asuntos Europeos, y Bélgica, que este semestre asume la presidenta rotatoria de la UE, aceptó la petición, como suele ser costumbre cada vez que un país solicita tratar un tema. Una fuente diplomática afirmó que el Gobierno dedicó entre cinco y diez minutos a exponer el documento de seis páginas y dieciséis puntos en el que se señala que «la diversidad lingüística es particularmente relevante en España dado que es un aspecto fundamental» de la «identidad nacional y constitucional» del país. Por eso «el marco legal y constitucional de España requiere que las autoridades públicas protejan los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles», continúa el texto, al que tuvo acceso EFE. Tras la exposición, ningún otro país tomó la palabra, por lo que el asunto no se debatió, dijo la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Hemos tomado nota. No ha habido discusión y veremos qué pasa en el siguiente Consejo de Asuntos Generales», afirmó la ministra, sin dar más detalles. Desde que España pidió el pasado mes de agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo de la UE, aseguraron distintas fuentes, en los que se ha puesto de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Gobierno y los asesores legales de la institución. Pero más allá de esos intercambios informales, España no ha solicitado un informe formal que se pueda presentar al resto de países, muchos de los cuales aseguran que no hay base legal para la oficialidad de catalán, el euskera y el gallego. Más allá de las dudas legales, existen también reticencias políticas, como reiteró hoy el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz. El ministro aseguró que la «principal preocupación» para su país es la repercusión que podría tener la aprobación de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, ya que en el norte de Finlandia también se habla el sámi, una lengua minoritaria. «Entiendo la situación lingüística (en España), pero cuando tomamos una decisión, necesitamos saber a dónde nos puede llevar. (…) Puede tener repercusiones y esta es nuestra principal preocupación», dijo Adlercreutz. La medida requiere unanimidad para salir adelante y ante la falta de consenso, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, aseguró hoy que «si fueran necesarios otros» documentos para convencer a sus socios, el Gobierno los entregará ya que «España no va a abandonar esta reivindicación». Y añadió que junto a las dudas legales, jurídicas y técnicas que genera la medida, «quizás hay resistencias más políticas que tienen mucho que ver con el acuerdo que el ministro (de Exteriores, José Manuel Albares) ha ofrecido en España a toda la oposición para que se pueda sumar a apoyar esta reivindicación y que permitiría con facilidad que los gobiernos que están gobernados por otras fuerzas políticas también la apoyaran». España, por otra parte, se ha comprometido a pagar los costes de la medida, ante las dudas financieras que han presentado varios países. EFE drs/cat/ie (vídeo)
