
Expresidente tunecino Marzouki será privado de su pasaporte diplomático
Túnez, 14 oct (EFE).- El expresidente tunecino Moncef Marzouki será privado de su pasaporte diplomático días después de que instara a las autoridades francesas a retirar su apoyo al presidente Kais Said, al que acusó de un «golpe de Estado» tras suspender el Parlamento y arrogarse plenos poderes, el pasado 15 de julio.
«Voy a retirar su pasaporte diplomático porque forma parte de los enemigos de Túnez», reveló Said durante la primera reunión del recién nombrado Ejecutivo durante la cual pidió al ministerio de Justicia abrir una investigación sobre un posible delito de «complot contra la seguridad del Estado».
El pasado día 12, en una entrevista a la cadena francesa «France 24», Marzouki, quien fue presidente de Túnez entre 2011 y 2014, declaró que organizar la 18ª cumbre de la Francofonía en este país significa apoyar una dictadura por lo que pidió al gobierno francés su anulación.
La cumbre, prevista del 19 al 21 de noviembre en la isla de Djerba (sur de Túnez) y que debía reunir a 88 países, fue pospuesta en 2020 por la crisis sanitaria derivada de la pandemia y el día 12 se pospuso de nuevo por un año.
El pasado domingo la Cancillería tunecina condenó las declaraciones «vergonzosas de personalidades que han ocupado un alto cargo»- sin hacer mención explícita a Marzouki- a favor de una intervención extranjera en el país.
Como reacción, el Sindicato del cuerpo diplomático reclamó la retirada de su pasaporte diplomático al considerar que actuó contra los intereses del Estado, mientras la central sindical UGTT instó a enjuiciarle por «incitación» contra su país y le acusó de «avivar el espíritu colonial francés».
Desde que el pasado 25 de julio Said decretase el Estado de excepción, que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con el poder ejecutivo y legislativo con el fin de «recuperar la paz social».
Durante este periodo, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE
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