Familiares esperan que Perú cumpla tras condena por esterilizaciones en Gobierno Fujimori
Lima, 6 feb (EFE).- Las hijas de Celia Ramos Durand, quien murió tras ser sometida a una esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), afirmaron este viernes que esperan que Perú cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declaró al Estado responsable de violaciones a los derechos humanos y ordenó reparaciones para las víctimas.
«Esperamos que el proceso de seguimiento de cumplimiento sea favorable, esperamos que nuestro país responda como corresponde», enfatizó Marisela Monzón Ramos en una rueda de prensa ofrecida en Lima, un día después de conocerse la sentencia.
La hija de Celia Ramos agradeció el apoyo recibido de la organización feminista Demus, y otras organismos y especialistas, y dijo que «son muchos años de lucha» para que se reconozca el caso de su madre.
Tras asegurar que «es un honor representar a todas las víctimas» de los casos denunciados de esterilizaciones forzadas, Marisela enfatizó que han obtenido un «logro» que hace «referencia a la búsqueda de justicia y verdad en todos estos años».
«Casi treinta años desde que mamá falleció, consideramos este un gran hito como familia», sostuvo.
Marcia Monzón Ramos, otra de las hijas de Celia, dijo que el proceso «ha sido muy pesado, muy duro, a nivel personal, de familia», pero coincidió en que la sentencia significa «un logro muy grande y un significado de que la lucha no queda aquí no más, llevando como bandera la verdad de este caso».
Una sentencia histórica
Durante la rueda de prensa, la abogada de Demus María Ysabel Cedano destacó que la CorteIDH estableció que en Perú «sí sucedieron las esterilizaciones forzadas» y que «la historia de Celia Ramos es la historia que representa a miles de víctimas».
Cedano aseguró que ahora se entra «en la etapa de supervisión del cumplimiento de esta sentencia» y que saben «que esto no será fácil», pero se comprometen a que «será cumplida».
A su turno, la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Gisella de León, dijo que en el proceso «se comprobó» que Ramos «no había autorizado la esterilización» y que «la corte le dice al Estado que tiene que continuar investigando los hechos del caso y no existe la posibilidad de que se aplique una amnistía ni prescripción».
Por su parte, Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, enfatizó que «por primera vez en la historia la corte le da un nombre y dice que esta es una violencia reproductiva» y por eso «le pide al Estado reparaciones muy específicas».
La decisión de la CorteIDH
La CorteIDH condenó este jueves a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, cuando tenía 34 años, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado «bajo coerción», y además por la demora injustificada de la investigación de los hechos.
La sentencia señaló que ese programa «derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema».
En ese contexto, los jueces ordenaron al Estado avanzar en la investigación de la muerte de Ramos y sancionar a los responsables, aprobar un instrumento normativo sobre la obtención de consentimiento informado en materia de salud sexual y reproductiva, diseñar e implementar una política pública sobre la materia y otra para la reparación de víctimas de esterilización forzada. EFE
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