Fiscalía advierte que la corrupción acentúa la desigualdad en Costa Rica

San José, 9 dic (EFE).- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica presentó este jueves su informe de labores en el cual destaca que la corrupción acentúa las desigualdades sociales en este país centroamericano.

Andrea Bermúdez, socióloga de la FAPTA, dijo que la corrupción tiene características novedosas, pero el trasfondo de su manifestación continúan siendo las «relaciones de poder» y acceder de forma diferenciada a recursos y materiales «con la finalidad de obtener beneficios de diversa índole en detrimento del interés colectivo».

«La corrupción profundiza las desigualdades sociales que están en su origen. La corrupción es algo mucho más profundo y complejo, no se trata únicamente de la aparición de conductas desviadas, que pueden atribuirse a personas en posiciones de privilegio. Lo que articula estas conductas es una estructura de inequidad de larga data que produce un escenario de violación a los derechos humanos de amplias mayorías en América Latina», explicó Bermúdez.

En el informe, la Fiscalía reveló que desde 2015 ha venido aumentando la cantidad de denuncias de corrupción. En ese año fueron recibidas 13 denuncias, en el 2016 un total de 16, en el 2017 fueron 38, en el 2018 llegó a 71, en el 2019 se alcanzaron las 100, mientras que en el 2020 fueron 105.

Los ejes estratégicos de persecución penal que concentran casos más complejos son el desarrollo de infraestructura, las telecomunicaciones y la corrupción política.

Según explicaron las autoridades, cuando un acto de corrupción se materializa es porque fallaron controles y contrapesos que debieron operar para evitar su génesis, mientras que la función penal es la última instancia, ya que debe intervenir cuando ya ha ocurrido el delito y se ha generado un daño social.

«La Fiscalía es clara de que entre más labor de prevención se realice» menor será «la cantidad de daños económicos, sociales y en perjuicio de los derechos humanos de nuestro país. Esa labor ha hecho que la Fiscalía cree una Estrategia Nacional de Prevención, dado que nuestro país no tiene una Política Nacional», dijo el fiscal adjunto II de la FAPTA, Carlos Meléndez.

En el reporte, la FAPTA no brindó detalles de casos que se encuentran en proceso. Sin embargo, en el último año han salido a la luz casos como el llamado «Cochinilla», que involucra al estatal Consejo Nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y a varias empresas constructoras, entre ellas MECO y H.Solís, los dos más grandes contratistas del Estado en obra pública de los últimos años.

Este año también fue destapado el «Caso Diamante» por el presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas en las municipalidades.

La Fiscalía indicó que el contexto centroamericano de las dos últimas décadas, la corrupción emerge como una problemática preponderante por los efectos que tiene en el desarrollo social de los países, por lo que la región debe trabajar en revisar leyes y reglamentos internos para evitar este tipo de situaciones. EFE

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