Gobierno chileno da marcha atrás a millonario recorte en seguridad tras cuestionamientos
Santiago de Chile, 30 mar (EFE).- La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó este lunes que el Gobierno dio marcha atrás al recorte de 77,6 millones de dólares propuesto para la cartera, medida que fue criticada por la oposición.
La medida fue cuestionada por expertos que apuntaron a «falta de coherencia» del Ejecutivo tras acusar una «emergencia nacional» por criminalidad.
«La seguridad no se va a rebajar», declaró Steinert a la salida de una reunión con la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda, e incluso aseguró que se va a «avanzar en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de las policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa y dar respuestas concretas a la ciudadanía».
Los recortes presentados por el Gobierno ante la Comisión de Seguridad del Congreso contemplaban 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia, enfocado en reducir homicidios en zonas específicas.
Estos recursos formaban parte de la disminución presupuestaria del 3 % en todas las reparticiones ministeriales ordenada por Hacienda, medida que no tardó en ser cuestionada por especialistas en seguridad pública que apuntaron a «falta de propósito» en la materia, según dijeron a EFE.
«Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias», detalló la ministra.
Consultada respecto a un posible «error» por no haber marginado a Seguridad Pública del recorte fiscal, Sternet subrayó que «siempre fue una propuesta» y que la decisión final fue «mandatada por el presidente».
En los últimos años, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones del país, expandiendo economías ilícitas, lavado de dinero y penetrando instituciones públicas y militares.
Durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) se aprobaron múltiples leyes para combatir al crimen organizado y se incrementaron recursos para las policías.
Especialistas en seguridad apuntan a que se «robusteció» la institucionalidad y coordinación de persecución penal, que logró por primera vez en años romper la tendencia al alza de delitos como los homicidios. EFE
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