
Gobierno peruano defiende ante el Congreso proyecto de presupuesto para 2023
Lima, 2 sep (EFE).- El Gobierno peruano defendió este viernes ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto público para el año 2023, que asciende a 214.800 millones de soles (55,5 millones de dólares), un valor que representa el 21 % del producto interno bruto (PIB) y supone un incremento del 9 % respecto al de 2022.
Según explicaron el primer ministro, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, ante el hemiciclo peruano, este proyecto de ley propone destinar el 19,5 % del presupuesto institucional de apertura (PIA) al sector educación; un 11,5 % al sector salud; un 9,5 % a transporte y un 6,7 % a previsión social, el mismo porcentaje destinado a orden público y seguridad.
«La propuesta de presupuesto para el 2023 no traerá sorpresas que puedan ahuyentar a los inversionistas, pues estamos en el camino de mejorar la confianza», sostuvo durante su intervención el titular de la cartera de Economía.
Burneo insistió en que las asignaciones presupuestales que plantea el Ejecutivo exigirán que «las autoridades de todos los niveles de gobierno agilicen la ejecución de recursos de proyectos de inversión», algo que considera «indispensable» para contribuir al dinamismo de la inversión privada.
En concreto, la iniciativa legislativa dispone 2.000 millones de soles (518 millones de dólares) para cerrar las brechas en infraestructura educativa y otros 1.400 millones (363 millones de dólares) a la mejora salarial de los docentes.
Además, prevé destinar 217 millones de soles (56 millones de dólares) en acciones de evaluación de docentes y estudiantes y 1.980 millones (513 millones de dólares) para ampliar, mejorar y mantener la infraestructura de la educación superior.
En materia de salud, la ley dispone 515 millones de soles (133 millones de dólares) para continuar con la implementación de la ley del cáncer, 304 millones (78,8 millones de dólares) para fortalecer centros y unidades de hospitalización de salud mental y 2.159 millones (560 millones de dólares) para mantener la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. EFE
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